España gastará, solo en pensiones, casi 115.000 millones de euros en este 2017, aproximadamente 1.500 millones más de los destinados a esta partida en el año que acaba de terminar. La cifra, pese a que se contiene tras la moderada revalorización del 0,25% aprobada en Consejo de Ministros el pasado viernes, da una idea aproximada del enorme volumen que debe dedicar el Estado a reconocer los derechos de jubilados, viudos, huérfanos y otros colectivos especialmente vulnerables. La cifra alcanza ya el 11% del PIB y exige soluciones urgentes para garantizar su financiación.
Según estimaciones de este periódico, abonar su paga a los casi seis millones de jubilados con los que cuenta el sistema costará, por primera vez, algo más de 80.600 millones.
Ya lo dijo Mariano Rajoy: las personas que están pasando al retiro en la actualidad tienen derecho a percibir pagas mensuales en el entorno de los 1.500 euros, más del 90% del valor del salario medio. Así, se deduce que la Seguridad Social no solo ha de hacer frente a la revalorización del 0,25%. También afronta el incremento de jubilados anual (de aproximadamente 95.000 personas cada año) y las mejora gradual de las condiciones de retiro.
Ninguna otra partida es tan cuantiosa como la dedicada a los jubilados. Viudedad se queda en 18.500 millones, e Invalidez en los 12.450 millones. Las pensiones por orfandad o a favor de familiares recogen cifras mucho menores de los presupuestos, si bien la cantidad que se dedica a ellas también se incrementa progresivamente. En estos casos el número de perceptores no se incrementa al ritmo de los futuros jubilados, pero también ellos se benefician del incremento del 0,25% de las pensiones.
Hay más gastos
Pero los gastos que afronta el sistema, que ha finalizado con un déficit superior a los 18.000 millones de euros, no acaban ni mucho menos aquí. Primero debe abonar el salario de los funcionarios encargados de velar por su salud y, obviamente, dedicar partidas al mantenimiento de las instalaciones. Y más allá debe dedicar otros 12.000 millones de euros adicionales a abonar subsidios y otras prestaciones.
En este sentido,el sistema abona las prestaciones por incapacidad temporal, por bajas maternales y de paternidad (y, ojo, pasan a ser de cuatro semanas y no de dos, como hasta ahora) y por otro tipo de ayudas a familias e instituciones; prestaciones y encargas únicas; y otras indemnizaciones. En este capítulo se van otros 8.000 millones de euros. La factura total de la Seguridad Social se completa con casi 4.000 millones más en transferencias corrientes a las Administraciones Públicas para que cubran sus gastos.
El total de gasto en el que incurrirá, por tanto, el sistema, alcanzará este año los 126.600 millones de euros, una cifra nunca vista hasta ahora y que representa el 12% del PIB. Son porcentajes aún inferiores a los que aún se registran en otras grandes economías de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia, pero que por ahora, y con el Fondo de Reserva en mínimos de 15.045 millones, va a costar mucho sufragar.
Por ahora, todas las posibles soluciones se han trasladado al ámbito del Pacto de Toledo y no parece viable que Empleo vaya a decidir extraer Viudedad y Orfandad de Presupuestos. Sí parece claro que, para abonar la extra de los pensionistas del mes de diciembre, el Tesoro tendrá que acudir a los mercados para captar financiación (se habla de 20.000 millones para los años 2017 y 2018). Por último, el Gobierno sí trasladará a la órbita de los Presupuestos todas las bonificaciones para emprendedores -la famosa tarifa plana de 1 año- de las cuales se hace cargo el sistema, pese a que el alivio apenas llegará a sobrepasar los 1.500 millones de euros.
