El PIB avanza a buen ritmo, el desempleo sigue reduciéndose y lo peor de la crisis económica parece haber quedado atrás. Sin embargo, el problema de la enorme deuda pública sigue enquistado y nada hace pensar que, tal y como sostiene el Gobierno, pueda reducirse el próximo año en porcentaje sobre PIB. Los mecanismos extraordinarios de liquidez para las comunidades autónomas y el posible pago de parte de las pensiones con deuda harán que, de inicio, el pasivo se incremente el próximo año en 50.000 millones.
En el último plan presupuestario remitido a Bruselas, el Ejecutivo descuenta para el año próximo una ratio de deuda pública sobre PIB del 99%, cuatro décimas inferior a la de este año. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió hace una semana que existían "dudas" sobre el nivel en que acabaría el pasivo, dado que no está claro si van a tener que computar los 5.248 millones de euros que España debe pagar al Mecanismo Europeo de Resolución (creado para salvar a bancos en problemas).
Partiendo de ese incierto final de año 2016, el año que viene va a dejar otras dos enormes cargas para el pasivo público. La primera será la más habitual: desde el año 2012, el Ministerio de Hacienda ha venido sosteniendo los vencimientos, el déficit y el pago a proveedores de las comunidades autónomas, otorgándoles cantidades en el entorno de los 30.000 millones de euros anuales. 2017 no va a ser una excepción: pese al silencio de Hacienda a la hora de reconocer si habrá nueva versión de FLA o de la Facilidad Financiera, comunidades como Cataluña reconocen en sus planes financieros que así será.
Fuentes cercanas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro reconocen, además, que la cantidad a prestar este año a las autonomías podría ser incluso superior a los 31.800 que se han repartido este año, y ello debido a los enormes vencimientos que deben afrontar las comunidades en peor situación financiera, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Novedad: las pensiones
Con lo que pocos contaban, sin embargo, es que a esa tradicional emisión extra para los fondos de Hacienda, el próximo año el Tesoro iba a tener que recurrir también a los mercados para completar el pago de las pensiones, que ya nos cuestan más de 8.600 millones de euros. Después de la última extracción del Ministerio de Empleo a la 'hucha' le quedan 15.020 millones, insuficiente para hacer frente a los compromisos pendientes. Basta ver que este año el Ejecutivo ha debido extraer más de 19.000 millones en 2016 para darnos cuenta de que el próximo año la hucha se agota.
Así, y después de haber coqueteado con la idea de 'préstamos de Estado' que no computasen ni a déficit ni a deuda -ya que los 'avales' sí son deuda pero no computan a esos efectos para Bruselas-, el departamento que dirige Fátima Báñez se decanta ahora por acudir a los mercados y piensa en hacerse con 20.000 millones (si bien hay que decir que esa cantidad serviría tanto para 2017 como para 2018). Todo ello en un contexto complejo, con 100.000 nuevas pensiones a abonar cada año; una pensión de jubilación media que se aproxima a toda prisa a los 1.100 euros; y un crecimiento del gasto incapaz de moderarse por debajo del 3%.
Y aún hay más
Pensiones y FLA, suman, por si solos, esos 50.000 millones. Y ello en un año en el que el PIB crecerá algo menos de 30.000 millones si las estimaciones de avance del 2,5% son ciertas. Parece difícil, por tanto, que la deuda pública pueda contenerse por debajo del 100% e incluso, como sugiere el Gobierno, disminuir en porcentaje.
Porque a las cantidades ya mencionadas hay que sumar la aportación al Mecanismo Europeo de Resolución y los flecos que queden para cubrir un déficit que, en el mejor de los casos, finalizará el año en el 4,6%.
