La próxima administración del presidente electo, Donald Trump, se perfila tan atípica como el sucesor del demócrata Barack Obama en la Casa Blanca. Su objetivo de "drenar el pantano" de los grupos de presión y burócratas que pueblan Washington se muestra algo complicado si tenemos en cuenta que su Gobierno contará con al menos cinco multimillonarios y una docena de millonarios, muchos de ellos con relaciones directas a compañías como Exxon Mobil o Goldman Sachs, especialmente señaladas tras la dura crisis económica de hace unos años.
Escollos que alimentan la oposición en el Senado para aprobar algunos de los cargos, entre ellos el de Rex Tillerson, quien fuera director ejecutivo de la petrolera más grande de Estados Unidos y cuya buena relación con el presidente Vladimir Putin no congenia con pesos pesados de la Cámara Alta, como el senador John McCain, u otros menos influyentes como Marco Rubio, a los que les cuesta ver a Tillerson como el próximo secretario de Estado.
Al margen, otros nombres como Wilbur Ross, el elegido para dirigir el Departamento de Comercio, y Steven Mnuchin, su homólogo en el Departamento del Tesoro, tendrán que justificar sus declaraciones al fisco ante el Comité Financiero del Senado, entre otros grupos de la Cámara Alta, donde los demócratas prometen no ponérselo fácil al próximo presidente.
¿De qué tendrán que deshacerse?
Según cálculos aproximados, los millonarios y multimillonarios que aspiran a algún cargo en la administración Trump cuentan con una fortuna total que oscila entre los 10.000 millones y los 14.000 millones de dólares.
Como parte del proceso para ocupar un cargo público y cumplir con las normas éticas del país, los principales elegidos del presidente electo, como Ross, Tillerson, Mnuchin o Gary Cohn, ex presidente de Goldman Sachs y quien presidirá el Consejo Económico Nacional, tendrán que deshacerse de todas sus inversiones en compañías cotizadas.
De acuerdo a los datos recopilados por Wall Street Journal, las carteras de los cuatro suman más de 640 millones de dólares. Esta venta de activos cuenta con una ventaja y es que está libre de impuestos, un hecho que muchos demócratas ven como una ventaja exagerada, dadas las fortunas de muchos de los nominados. De ahí que haya una propuesta de Ley que quiera limitar este beneficio hasta una cantidad máxima de un millón de dólares.
Conflicto de intereses
Pero la desinversión y venta de activos para evitar conflictos de interés no es el único paso que muchos de estos aspirantes a ocupar un cargo público tendrán que llevar a cabo. También tendrán que desembolsar suculentas tarifas para cumplir con estas normativas. El WSJ mencionó los casos de Henry Paulson, el secretario del Tesoro durante el Gobierno de George W. Bush, quien previamente militó en la directiva de Goldman, que tuvo que gastar millones de dólares para comulgar con la legislación, además de vender participaciones bursátiles por valor de 500 millones de dólares. Steven Rattner, un multimillonario que ocupó un puesto en el Tesoro en 2009, tuvo que desembolsar hasta 400.000 dólares en costes legales por aceptar su cargo.
Hablando de conflictos de interés, y a la espera de que el presidente electo ofrezca más detalles sobre qué ocurrirá con sus lazos con la Trump Organization, el pasado sábado se dio a conocer que Donald Trump quiere "disolver" su fundación caritativa para evitar "la aparición de algún conflicto". Una decisión que se produce cuando la Oficina del fiscal general de Nueva York todavía mantiene una investigación sobre la entidad.
De hecho, el propio fiscal, Eric Schneiderman, a través de su portavoz, Amyy Spitalnick, tuiteó durante el fin de semana que la fundación "no puede disolverse legalmente hasta que se finalice la investigación en curso". Recordemos que Schneiderman ordenó el pasado mes de octubre que la Donald J. Trump Foundation cesase todas sus operaciones de recaudación de dinero en el Estado de Nueva York, en lo que se interpretó como una clara señal del mal futuro de la misma.
