El presidente de la patronal (CEOE), Joan Rosell, denunció esta semana abiertamente la inseguridad jurídica creada por la repentina subida de impuestos de Cristóbal Montoro. Los empresarios han encajado muy mal que borrara de un plumazo la compensación de bases imponibles negativas, es decir, por las pérdidas del pasado, con carácter retroactivo.
Hay empresas que tuvieron que abandonar operaciones de compra-venta de sus filiales por el sobrecoste añadido. Los inversores huyen ante la falta de fiabilidad del ministro de Hacienda.
Rosell es una de las pocas voces del mundo empresarial levantada contra el Gobierno, después de que en la última junta directiva de la patronal varios exigieran mayor beligerancia para denunciar la medida. Entre ellos, los vicepresidentes Juan Pablo Lázaro y Antonio Garamendi.
El Círculo de Empresarios y la Empresa Familiar se manifestaron tímidamente contra la subida, mientras que el lobby de las grandes empresas, articulado en torno al Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), está desaparecido. No logró el quórum necesario para reunirse esta semana. Las grandes empresas españolas están divididas sobre la ruta a seguir, después de la salida de César Alierta de la presidencia de Telefónica. Para colmo de males, la reciente publicación del libro del editor de El Siglo, José García Abad, sobre el Malvado Ibex, en el que se narran algunos asuntos secretos del CEC, contribuye al desconcierto.
Alierta se marchó tras la acusación del Gobierno de Mariano Rajoy de financiar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Las presiones coincidieron con que algunos jueces comenzaron a remover la partipación del expresidente de Telefóncia en la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, que es propietaria de un hotel en Berlín, junto al anterior vicepresidente Rodrigo Rato. El Gobierno mantiene en alza su dedo acusador contra otros grandes empresarios que, ante el regreso triunfal de Rajoy, prefieren guardar silencio.
Así se explica que después de subir los impuestos, Montoro riegue con 4.500 millones adicionales a las autonomías para su plan de proveedores y nadie rechiste.
También se mantiene un mutismo abrumador en el sector eléctrico, al que se cargará el coste del bono social puesto en marcha por el Gobierno para acercar su política a los ciudadanos. Pero donde las dan... las toman. Después de la misiva de la UE, que critica el exceso de contratos a dedo en las empresas públicas, el nombramiento de Pilar Platero como presidenta de la Sepi cayó como una bomba. Platero, además de subsecretaria de Hacienda, fue consejera de la consultora Equipo Económico, cuando Montoro era su dirigente. ¿Favorecerá Platero al Equipo Económico en la Sepi? La transparencia se impone más que nunca, ante la brumosa opacidad de los contratos públicos.
La banca continúa acaparando los titulares. Primero fueron las preferentes, luego el incremento de la regulación y de las provisiones, después vinieron los tipos al cero por ciento y, por último, las cláusulas suelo. No se puede pedir más. Aun así, el sector es visto por el público como una fuente de beneficios inagotable, al que se puede seguir exprimiendo como un limón. Por eso, la iniciativa de PSOE y ERC de crear un comisión de arbitraje, que devuelve los intereses de las cláusulas suelo de forma automática.
El arbitraje agiliza los procedimientos, como se vio con los accionistas perjudicados por la salida a bolsa de Bankia, pero no es aplicable a este caso. El juez del Tribunal Superior de Justicia de la UE anula sólo aquellas cláusulas abusivas, de manera que deberán estudiarse caso por caso. Una mina de oro para los bufetes de abogados.
Hay entidades, como el Sabadell, que se niegan a reconocer la necesidad de devolver ni un solo euro, debido a que, según su presidente, Josep Oliu, fueron comunicadas de manera clara a sus clientes en el momento de la concesión de la hipoteca. Otras, como CaixaBank, rebajan su impacto a casi la mitad de las reclamaciones.
No estamos, por tanto, ante un tsunami que vaya a sacudir los cimientos del sector, como señaló el ministro de Economía, Luis de Guindos. El impacto en las cuentas de resultados será de 2.500 millones, descontadas las provisiones, aunque el sector dejará de ingresar 8.000 millones en los próximos años.
Los próximos días todos los ojos estarán puestos en el Monte dei Paschi, que podría requerir, él solito, hasta 20.000 millones en ayudas. Una cifra parecida a la inyectada en Bankia tras acceder José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia. No será la última. El rescate de las entidades italianas puede alcanzar casi 100.000 millones, el doble que en nuestro país. Es el precio por permanecer tanto tiempo de brazos cruzados. Para colmo de males, Italia se salta la normativa europea al evitar que los tenedores de deuda particulares paguen el rescate. Otra concesión al populismo. ¡Feliz Navidad!
