La Unión Europea (UE) se enfrenta a una ola populista que la acusa, sin pruebas, de desmontar barreras y facilitar la llegada de gorrones que vienen de los socios más pobres a los miembros más ricos.
Para intentar corregir esta imagen, que tan bien cuajó en el Reino Unido durante el referéndum de permanencia, la Comisión Europea lanzó ayer varias iniciativas para intentar evitar los abusos de turismo de bienestar de trabajadores que buscan la protección en estados miembros con mejores condiciones. Pero, al mismo tiempo, propuso mejorar las posibilidades para los que buscan empleo en otro socio comunitario, siempre que cumplan una serie de condiciones.
Deberán trabajar al menos tres meses
El colegio de comisarios propuso ayer que los estados miembros puedan negar a ciudadanos de otro socio comunitario el acceso a sus prestaciones de desempleo adquiridos en su país de procedencia, si no han trabajado al menos durante tres meses en el estado miembro en el que han solicitado la ayuda. La Comisión pretende así introducir una potente barrera de acceso para limitar el flujo de personas a la caza de las mejores prestaciones.
La iniciativa legislativa llega después que el Tribunal de la UE fallara que los gobiernos nacionales pueden, en algunas circunstancias, limitar el acceso a las prestaciones por desempleo de ciudadanos de otro estado miembro.
La comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, admitió en rueda de prensa que la medida no sólo pondrá coto a los abusos, sino que también servirá para contrarrestar la narrativa de los partidos populistas que quieren limitar la inmigración. Según explicó la comisaria belga, estas formaciones en auge, con grandes posibilidades en las elecciones del próximo año en Francia, Holanda y Alemania, extienden la falsa imagen de que "la UE abre las compuertas para el turismo del bienestar". Según las cifras del Ejecutivo comunitario, unos 11,3 millones de adultos en edad de trabajar viven en un estado miembro diferente del propio.
Pero al mismo tiempo, la Comisión pide a los 28 gobiernos nacionales aumentar desde los tres hasta los seis meses la posibilidad de acceder a su seguro de desempleo acumulado, para facilitar así la búsqueda de trabajo en otro socio y corregir de manera paneuropea el elevado desempleo de la UE que roza el 10%.
El paquete de propuestas también incluye una serie de medidas para clarificar los derechos de los trabajadores fronterizos, es decir, aquellos que viven en un socio y trabajan en otro, y vuelven al menos una vez por semana a casa. El Ejecutivo comunitario sugiere que el estado miembro en el que ha trabajado durante el último año se haga responsable del seguro de desempleo, ya que es el que ha recibido las cotizaciones del trabajador.
Las medidas para controlar los abusos reflejan el espíritu e incluso la letra de algunas de las concesiones ofrecidas por la UE al anterior primer ministro del Reino Unido, David Cameron, para intentar ganar el favor de los británicos ante el referéndum de permanencia. Thyssen explicó ayer que el paquete estaba listo para diciembre de 2015, pero se retrasó para evitar un solapamiento con el debate del Brexit.
Sin embargo, la comisaria belga no incluyó límites a las ayudas a la infancia, tal y como sí se incluyó en el paquete de concesiones del Brexit, y que aun exigen de manera combativa países como Austria. Según la propuesta descartada, una persona recibiría una ayuda menor para criar a sus hijos si emigrara a un estado miembro donde estos beneficios son inferiores.
La comisaria belga clamó que los defensores de esta idea quieren "sacrificar el principio de justicia y trato igualitario por migajas", ya que menos de un 1% de todos los beneficios a la infancia que pagan los estados miembros son enviados para apoyar a hijos que viven en otro estado miembro.
