El Gobierno británico intenta resolver la ecuación de cómo mantener el control sobre el Brexit sin transmitir una conducta dictatorial ante uno de los procesos más complejos de la historia reciente. La decisión judicial que otorga al Parlamento la potestad para pulsar el botón de salida ha trastocado la estrategia que aspiraba a mantener la negociación como el secreto mejor guardado del reino.
El mantra con el que Theresa May descarta "comentarios continuos" sobre sus planes colisiona con las demandas, cada vez mayores, de más transparencia, por lo que la primera ministra estaría preparada para introducir cambios tácticos que rebajen la presión, sin forzarla a desvelar los detalles de su plan para el divorcio.
A la espera de resolución del recurso ante el Tribunal Supremo sobre quién debe invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, May tendría previsto avanzar antes de final de año los objetivos que pretende recabar de Bruselas. Anticiparse a las apelaciones de, entre otros, gran parte de los diputados, permitiría a la premier comprar un tiempo valioso para intentar mantener el calendario al que todavía aspira para activar el Brexit en marzo.
Inquietud del sector privado
Aunque mucho dependerá del fallo del Supremo, que se conocerá en enero, el Ejecutivo comienza a mostrar cierta voluntad de exponer el armazón de sus ambiciones, para así mitigar la división que la reciente decisión judicial ha reabierto entre partidarios y opositores a la ruptura y, notablemente, para transmitir confianza a un sector privado cada vez más inquieto ante la deriva del debate.
Una de las claves que se analizará con lupa serán los términos que el divorcio deparará a la industria financiera y, con ello, a las posibilidades de Londres de continuar como centro de referencia mundial. Al respecto, en Downing Street han empezado a vislumbrar las ventajas de concretar públicamente los objetivos que planteará a la Unión Europea, incluso si este ejercicio se circunscribe a las metas generales, sin entrar en especificidades que dependerán de la disposición de sus todavía socios comunitarios.
Un Ejecutivo dividido
La principal dificultad hasta ahora radicaba en la brecha existente en el Gobierno entre quienes apostaban por mantener los vínculos más estrechos posibles con el continente y el núcleo que demandaba un Brexit duro, el mismo que implicaría abandonar el mercado común. Este sector semejaba haber ganado terreno en las últimas semanas, un fenómeno que habría convertido al ministro del Tesoro, baluarte de la primera corriente, en el chivo expiatorio ideal. Sin embargo, las disputas parecen haberse reconducido y en la City dicen contar con la garantía de ambas facciones de trabajar por sus intereses en el nuevo encaje de Reino Unido en Europa.
El entendimiento era inevitable, puesto que las voces que reconocían la amenaza de un éxodo se estaban dejando oír con paulatina intensidad. Ya antes incluso del plebiscito, el factor fundamental se resolvía en torno a la continuidad en el mercado común, un estatus que garantiza a la banca el pasaporte financiero, es decir, el instrumento que permite operar por encima de fronteras. Perderlo podría vaciar la City, por lo que el Gobierno estudia ya la posibilidad de un modelo inédito hasta ahora que vaya más allá de los arreglos de las reglas de "equivalencia" establecidas con plazas de referencia como Estados Unidos o Suiza.
La materialización de esta ambición dependerá de la disposición de líderes que, además de querer aprovechar una potencial estampida de la banca, han mostrado su interés por que Reino Unido pague por el golpe del 23 de junio.
