El Acuerdo de París, alcanzado en diciembre del año pasado, entra hoy en vigor, un mes después de que lo ratificara la UE y se alcanzase el cuórum suficiente. Se trata de un hito en la historia del derecho internacional, porque ningún otro pacto de este tipo se ha activado en tan poco tiempo.
El Acuerdo, firmado por 191 Estados, busca limitar el incremento de la temperatura global del presente siglo a un máximo de 2 grados centígrados, umbral a partir del cual se producirán efectos catastróficos. Ya lo han ratificado 93 países y España tiene todo listo para hacerlo. Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente, apuntó ayer a la prensa que no lo ha hecho aún por la situación de interinidad del Gobierno y cree que se elevará al Consejo de Ministros "la semana que viene". La tramitación correspondiente hará que sea ratificado por las Cortes en un plazo de tres a seis meses.
El Acuerdo debería ser el motor de una gigantesca transformación para que el tejido productivo mundial sea neutro en emisiones de CO2. Únicamente en el ámbito energético -responsable de los dos tercios de las emisiones-, los planes de los Estados (INDC por sus siglas en inglés) exigen una inversión de 13,5 billones de euros sólo hasta 2030. En España, hasta el año 2050, se calcula una inversión de 10.000 millones anuales.
Para movilizar esas ingentes sumas y garantizar la cooperación internacional -los países ricos se han comprometido a donar a los pobres 100.000 millones anuales a partir de 2020-, el Acuerdo establece unas reglas de carácter dinámico que deben concretarse, de modo que todos tengan el mismo sistema de contabilidad climática y los objetivos nacionales puedan revisarse al alza periódicamente, ya que ahora, si se cumplen, la temperatura subirá 3 grados centígrados, por encima del límite fijado por la ciencia.
COP 22 de Marrakech
Concretar esas reglas dinámicas -prácticamente en el plano de las buenas intenciones- es el objetivo de la Cumbre climática (COP 22) que arranca el próximo lunes en Marrakech. El anfitrión, Marruecos, también quiere que en ella se apruebe una Agenda de la acción climática global, que permita imbricar a los agentes no gubernamentales -empresas y ONG- en los planes de acción de los Estados.
Tan ardua y tan técnica es la tarea, que el secretario de Estado reconoce la dificultad de trazar una raya que permita diferenciar claramente el éxito o fracaso del encuentro.
