Partidos piden impulso informática en gestión patrimonio público

Madrid, 3 oct (EFECOM).- La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, reunida hoy en el Senado, instó al Gobierno a impulsar la informatización en la venta de bienes e inmuebles por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Así consta en las distintas propuestas de resolución del PSOE y transaccionadas con el PP, relacionadas con las deficiencias encontradas en 2001 por el Tribunal de Cuentas en la gestión del patrimonio público sobre el funcionamiento del Inventario General de Bienes del Estado y con los sistemas de información entre las delegaciones de Hacienda y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Los diputados Agustín Turiel (PSOE) y Ana Madrazo (PP) coincidieron en señalar en su intervención la "sustancial similitud" en sus propuestas de resolución, que tenían como principal objetivo "la mejora de la aplicación de la informática en la gestión patrimonial".

Según el "Informe de fiscalización de los ingresos gestionados por la Dirección General de Patrimonio del Estado" para el ejercicio 2001 el control de los expedientes de venta de inmuebles públicos, competencia de la Dirección del Patrimonio, no estaba informatizado "debido a una avería prolongada".

Para el Tribunal, la relación de bienes e inmuebles vendidos por la Dirección del Patrimonio presentaba "deficiencias", entre las que citaba la falta de documentos "significativos" como escrituras de compraventa y cartas de pago acreditativas del dinero procedente de las ventas.

Asimismo, el informe ponía de manifiesto que la Dirección del Patrimonio seguía los expedientes de venta que son competencia de Hacienda mediante un sistema de información periódica en soporte de papel, lo que en su opinión, dificultaba el control, pese a haberse planteado, "en su momento", el uso de un programa informático, iniciativa que nunca llegó a implantarse.

Igualmente, el Inventario General de Bienes del Estado, gestionado informáticamente, presentaba, a juicio del Tribunal, "deficiencias significativas".

Entre ellas, citaba el alta de inmuebles en el inventario en el momento preciso de iniciarse su venta o los retrasos en el apunte de las bajas definitivas, lo que generaba desfases entre la imputación al presupuesto del dinero obtenido por la venta del inmueble y su baja en la contabilidad del Estado, que se producía en un ejercicio económico posterior.

Además, el Tribunal desvelaba que los ingresos cobrados en el 2001 en concepto de arrendamientos de inmuebles por un total de 3,77 millones de euros, se aplicaron al presupuesto, "en muchos casos, sin separar y aplicar el concepto correspondiente al IVA repercutido".

Del mismo modo, el informe señalaba la existencia de algunos inmuebles arrendados cuya situación desconocía la Dirección General del Patrimonio, además de no figurar ese derecho real en el Inventario General de Bienes del Estado.

Para corregir esta situación, el Tribunal subrayaba la necesidad de mejorar el funcionamiento del Inventario, "herramienta imprescindible para la gestión de activos". EFECOM

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