Este es un extracto del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos de cara a la investidura como presidente de Mariano Rajoy: "Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se apostará por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos marcados para 2030-2050".
Al menos sobre el papel, el partido naranja ha incluido, junto a otros retos ecológicos, la transición energética en la agenda del PP. Como demuestran los hechos, estas políticas han pasado de largo durante la primera legislatura de Rajoy, empezando por la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente que había creado Zapatero, siguiendo con la aprobación del famoso impuesto al sol y terminando con la dimisión del ministro de Industria, José Manuel Soria. Además, los datos demuestran que España se implica poco en la protección del medio ambiente en comparación con el resto de socios de la Unión Europea.
Ínfima inversión pública
Los números dicen que, aunque la acción política y la inversión destinada a luchar contra el cambio climático se ha venido reduciendo desde el inicio de la recesión y la posterior victoria electoral del PP, hay indicadores estadísticos medioambientales consiguen mantener tendencias positivas. Por ejemplo, la cantidad de gases de efecto invernadero vertidos a la atmósfera se redujo en un 21,5% entre 2008 y 2013, de 404 a 317 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el INE.
Este dato contrasta con el hecho de que España sea el tercer país de la Unión Europea que menos dinero ingresa en concepto de "impuestos medioambientales": 19.220 millones de euros en 2013, equivalente al 1,9% del PIB. La media comunitaria está en el 2,45%, y solo en Lituania y Eslovaquia el porcentaje es menor que en España.
La inmensa mayoría de esos 19.000 millones de euros proviene de impuestos aplicados a la energía, que en 2013 experimentaron un incremento de 13.362 a 16.064 millones de euros. Mientras tanto, la recaudación por imposiciones a los transportes viene reduciéndose desde el 2008 (3.504 a 2.662 millones).
De todas formas, la totalidad de la responsabilidad no puede recaer sobre el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Como demuestran los datos del Eurostat, la agencia europea de estadísticas, el gasto público de España en protección medioambiental ya era el más bajo de toda la Europa de los veintiocho cuando el socialista Rodríguez Zapatero abandonó el poder en 2011 (0,26% del PIB). Tras un año de Gobierno del Partido Popular, la cifra se redujo hasta el 0,22%, pese a que la media de la UE ascendía hasta el 0,67%.
De forma paralela a la reducción en la acción pública en materia medioambiental, también caen las actuaciones privadas. El gasto anual de la industria en protección del medio ambiente se ha contraído significativamente desde 2008, de 3.129 millones a 2.400. Mientras el gasto corriente experimentó una leve y constante subida, la inversión se desplomó entre 2008 y 2014 (de 1.533 millones a 554).
Las barreras al sol
La ley del impuesto al sol, como se conoce popularmente, fue un Real Decreto que se aprobó en otoño del año pasado ante la oposición de partidos políticos (todo el arco parlamentario más otros como Podemos o Ciudadanos), asociaciones de consumidores, organizaciones ecologistas, sindicatos y agrupaciones de empresarios.
En resumen, la ley provoca que los ciudadanos que generen su propia energía a través de plantas solares y necesiten seguir conectados a la red tengan que pagar un impuesto obligatorio. Lo abonarán aunque finalmente no les sea necesario abastecerse de la red general; y es por eso por lo que, en la práctica, estarían contribuyendo a las arcas del estado mientras regalan la energía que les sobra. El acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos recoge, aunque de forma no explícita, la eliminación de esta ley: "Se eliminarán las dificultades que pudieran existir para el autoconsumo eléctrico eficiente".
En los últimos años, la integración de las renovables venía creciendo de forma irregular en nuestro país, pasando de una tasa del 28% sobre el total de la demanda en 2009 al 42,8 en 2014. Sin embargo, en 2015, año en que se anunció la ley del impuesto al sol, esta tasa bajó al 36,9%.