El expresidente de la Generalitat, Artur Mas y las exconselleras, Joana Ortega e Irene Rigau, finalmente acabarán sentándose en el banquillo de los acusados por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Así lo confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que abrirá juicio oral contra los tres acusados de orquestar el 9-N por dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave. En este sentido, el alto tribunal catalán retiró el delito de malversación que venía pidiendo la acusación popular, formada por los sindicatos policiales SPP y UFP, y disipó cualquier duda de si los encausados podrían acabar siendo condenados a penas de cárcel.
El juez instructor de la causa, José Francisco Valls, desestimó el único delito que suponía ir a la cárcel, el de malversación, ya que considera que cuando se aprobaron partidas económicas y contrataciones a terceros estas acciones se llevaron a cabo con anterioridad a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). Por lo que técnicamente, no se desobedeció en este aspecto.
No obstante, el magistrado ordena juzgar a los tres exmandatarios por los delitos de desobediencia grave cometido por cargo público y prevaricación administrativa, que en el caso de Mas se enfrenta en calidad de "autor" a diez años de inhabilitación, mientras que Rigau y Ortega, como "cooperadoras necesarias", a nueve años, según la petición de la Fiscalía.
Para el instructor, Artur Mas articuló "un desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC" contra la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, dado que tanto Irene Rigau como Joana Ortega eran conocedores de la prohibición del Constitucional desde el mismo día en que se dictó.
A pesar de esa suspensión, según el juez, Mas se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria "actuando con plena conciencia y voluntad".
Por el momento no hay fecha para el juicio porque ahora el juzgado da diez días a las defensas para que presenten sus escritos de conformidad o defensa. Además, el delito de malversación se puede recurrir.
