Las negociaciones del Gobierno y el Partido Popular con los portavoces de los Grupos Parlamentarios para consensuar las medidas económicas urgentes han dado sus frutos, y tanto el PSOE como Ciudadanos han confirmado su voto favorable a las reformas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del Impuesto de Sociedades.
Ambas modificaciones legislativas están ya en trámite en el Congreso de los Diputados, y responsables de la Cámara Baja han confirmado que, casi con absoluta seguridad, ambas serán incluidas para su aprobación en el orden del día del Pleno de la próxima semana.
Desde el Ejecutivo en funciones y la dirección del Grupo Popular se interpreta que este acuerdo con el Grupo Socialista es consecuencia del "cambio de talante y la predisposición al diálogo que ha marcado la Comisión Gestora del PSOE y, especialmente, su presidente, Javier Fernández, que es ahora nuestro interlocutor".
Apuntan, asimismo, que es un buen indicio de que las conversaciones entre Fernández y Mariano Rajoy, de cara a conseguir la investidura de este último, "van por buen camino", aunque insisten en la tesis de mantener la "prudencia" y respetar "el trabajo y los plazos de tiempo de la Gestora socialista".
La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular a instancias del Gobierno plantea modificar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir que un Gobierno en funciones pueda llevar al Parlamento las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los nuevos objetivos de déficit y deuda fijados por la Unión Europea.
De esta manera, y en caso de que no se pueda investir a un nuevo presidente del Gobierno antes de 31 de octubre, fecha tope para la disolución de las Cámaras Legislativas, esta modificación de la ley permitiría fijar los nuevos objetivos de déficit y desbloquear los presupuestos de las comunidades autónomas.
El Estado no está en funciones
En los Presupuestos prorrogados de 2016 el objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas es del 0,3%, pero la nueva senda pactada con Bruselas permite elevar ese tope hasta el 0,7%. Como explicó el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, esta reforma "nos habilitaría para poder financiar la diferencia entre el 0,3 y el 0,7%, algo que, si no podemos hacer por estar en funciones, perjudicaría el pago a proveedores y nos haría incumplir la Ley de Morosidad".
Responsables parlamentarios del Grupo Socialista confirmaban a elEconomista que "nosotros vamos a votar a favor porque la reforma es necesaria para desbloquear a las comunidades autónomas", y matizaban que "aunque el Gobierno esté en funciones el Estado no está funciones y es responsabilidad de todos garantizar el funcionamiento de las instituciones".
El Grupo Popular tiene también garantizado el voto afirmativo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pero el sí del PSOE es imprescindible en este caso porque al tratarse de la reforma de una Ley Orgánica se necesita obtener la mayoría absoluta de la Cámara.
A pesar de este apoyo a la reforma, los portavoces del Grupo Socialista anunciaban que posteriormente se deberá proceder a negociar el nuevo techo de gasto y, en caso de que finalmente haya investidura, intentar consensuar los nuevos Presupuestos para 2017.
El "parche" de Sociedades
Los dirigentes socialistas confirmaron también que su Grupo permitirá la aprobación del Real Decreto Ley de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades, con el que se pretenden recaudar hasta 8.300 millones adicionales al cierre de este año, para cumplir con el objetivo del 4,6% de déficit pactado con la Comisión Europea
El Real Decreto Ley lo que hace es restablecer la figura de un tipo mínimo del pago fraccionado, que será del 23% para las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales y del 25% para los bancos y refinerías, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estima que afectará a unas 9.000 empresas.
Este nuevo tipo mínimo se aplicará sobre el resultado contable y se mantendrá al menos hasta el año 2018, porque, como anunció el propio titular de Hacienda, "el nuevo sistema no tiene plazo de caducidad, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3%".
Aunque los portavoces del Grupo Socialista califican de "parche" esta modificación y mantienen su oposición la política fiscal del Gobierno en funciones, estiman que "tendremos que apoyarla porque en estos momentos es la única manera de aumentar los ingresos" en orden a poder cumplir lo pactado con Bruselas.
