El Reino Unido no obligará a las empresas británicas a realizar listas de trabajadores extranjeros, después de que la medida anunciada el pasado jueves haya provocado un amplio rechazo del sector empresarial. La ministra de Educación, Justine Greening, anunció ayer que el Gobierno podría requerir aún esa información, "pero a título confidencial y para identificar los sectores" que a corto plazo podrían requerir mas mano de obra.
En la misma línea el ministro de Defensa, Michael Fallon aseguró en una entrevista concedida a la radio de la BBC que "no vamos a forzar a nadie a identificar extranjeros".
La reacción a las primeras propuestas sugeridas por el Gobierno anticipaba ya la dificultad de unas negociaciones que difícilmente se resolverán en los dos años establecidos por el Tratado de Lisboa. La sensibilidad de materias como la inmigración, ha convertido Reino Unido en una olla a presión en la que el Ejecutivo se enfrenta no sólo a la conflagración del bloque, sino a la animosidad de empresarios, diputados y en la calle.
La publicación del porcentaje de trabajadores foráneos es una práctica seguida en países como Estados Unidos, pero en un Reino Unido acostumbrado a la ausencia de fronteras ha despertado las alarmas. De hecho, Rudd fue una de las voces más activas en la defensa de la continuidad en la UE, por lo que haberse escorado hacia los postulados más severos del Brexit evidencia la presión en un gabinete en el que ganan posiciones los partidarios de una ruptura total.
Su posición tampoco es homogénea. Mientras el conocido como ministro del Brexit ha declarado que a los europeos actualmente residentes se les permitirá "absolutamente al cien por ciento" permanecer, el secretario de Comercio Internacional mantiene que dar tal garantía "sería entregar una de nuestras cartas principales en las negociaciones". Es más, Liam Fox está dispuesto a abandonar incluso la unión de tarifas, una apuesta que podría provocar la gota final para la dimisión del ministro del Tesoro.
