El Constitucional da luz verde a la Fiscalía para que inicie el proceso penal contra Forcadell
Jueves negro para el independentismo, que ayer vivió una doble encrucijada judicial. Por un lado, el Tribunal Constitucional (TC) ha abierto la puerta por primera vez a que la Fiscalía inicie un procedimiento penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El TC quiere actuar contra la presidenta de la Cámara catalana después de que Forcadell desobedeciera las directrices del tribunal cuando permitió la votación de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, que estaban previamente suspendidas.
Para ratificar su decisión, el alto tribunal también suspendió definitivamente la resolución independentista aprobada por el Parlament el 27 de julio. Este documento daba inicio al denominado proceso de ruptura, aunque por ahora estaba sólo suspendida cautelarmente. También se anuló un texto que abogaba por la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Por otro lado, el Tribunal Supremo inició ayer los trámites para pedir permiso al Congreso de los Diputados (en forma de suplicatorio) para poder actuar contra el portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación. El tribunal actuaría contra él por participar en la preparación de la consulta suspendida del 9-N. Homs dijo "no ser un criminal", tras la entrega del suplicatorio.
Desafío al tribunal
Aunque el desafío se labró en el Parlament. La cámara autonómica aprobó una resolución de Junts pel Sí y la CUP que avala la celebración de un referéndum de independencia para septiembre de 2017 como "muy tarde". En esta dirección, será una consulta "vinculante" que se llevará a a cabo tanto con el aval del Estado, como sin él.
La propuesta contó con el voto a favor de los 72 diputados de JxSí y la CUP y la abstención de los 11 diputados de Catalunya Sí que Es Pot, mientras que C's, PSC y PP, directamente optaron por no acudir a la votación, ya que consideran que se trata de una resolución que está fuera de la Constitución. Por la mañana, los partidos reclamaron a la Mesa del Parlament, órgano rector, que no permitiera el debate y votación.
El texto referente al proceso constituyente contempla que bastaría con un 50 por ciento de los votos para que se pudiera declarar la independencia. En ese escenario, seis meses después se convocarían elecciones constituyentes para iniciar la redacción de la Constitución de la república catalana.
En paralelo, también se aprobó una resolución presentada por Sí que Es Pot, que daba luz verde a una consulta pactada, en este caso, con el previo reconocimiento de la comunidad internacional.
