Los representantes de los acreedores de Grecia, que desde el pasado lunes retomaron las negociaciones con el Gobierno heleno sobre los flecos pendientes de la primera evaluación del rescate, rechazaron dos importantes propuestas de la parte griega, han informado hoy varios medios locales.
Los representantes de la Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) no están de acuerdo con la propuesta del Gobierno griego de crear una cuenta bancaria que no se pueda embargar para las empresas que tienen deudas atrasadas con Hacienda.
El objetivo de esta cuenta bancaria es permitir a las empresas pagar salarios, proveedores y obligaciones corrientes con Hacienda y con la seguridad social.
La medida la anunció el primer ministro, Alexis Tsipras, el pasado sábado en la feria de Salónica y recibió el apoyo del mundo empresarial, especialmente de las pymes.
Los representantes de los acreedores han insistido en sus conversaciones con la parte griega en que las empresas que no pueden pagar sus obligaciones atrasadas regularmente no son sostenibles y por eso ofrecerles facilidades no sirve para nada.
El argumento del Gobierno, en cambio, es que más del 60% de las empresas no consiguen pagar a tiempo sus obligaciones, y que por eso es necesaria.
Sobre la amnistía
La segunda propuesta gubernamental que rechazan los representantes de los acreedores es la amnistía penal y la reducción drástica, incluso la eliminación, de multas para los evasores fiscales que declaren voluntariamente los ingresos para los cuales no habían pagado los impuestos correspondientes.
Los representantes de los acreedores aceptan solo la amnistía penal e insisten que no solo no debe haber reducción de las multas correspondientes, sino que estas incluso deben alcanzar hasta el 120% de la cantidad de dinero no declarada.
Hoy las negociaciones continúan sobre la estrategia de crecimiento; el gasto público y las ayudas sociales; la creación de la autoridad independiente de ingresos públicos; temas fiscales y la administración pública.
Además, avanzarán la negociación sobre la reforma laboral, un tema que será materia de la segunda revisión del rescate, que comenzará una vez concluyan con éxito las conversaciones actuales y se de luz verde para el desembolso de un tramo de 2.800 millones de euros pendiente.
En materia laboral las principales divergencias entre el Gobierno y los acreedores están en el restablecimiento de los convenios colectivos, el derecho a la huelga y los despidos colectivos.
Está previsto que los jefes de misión de las instituciones acreedoras se marchen el viernes de Atenas.
