El consumo de las Administraciones Públicas se contrajo un 1,6% de abril a junio, en relación al trimestre previo. Los datos de Contabilidad Nacional publicados por el INE evidencian que este componente de la demanda nacional no se reducía tanto desde finales de 2013.
Al haber adelantado el Gobierno en funciones el "cierre" presupuestario de los ministerios a julio, es muy probable que el descenso del gasto público sea mayor en el segundo tramo del año. Los expertos advierten de que si la caída es muy acusada restará fuerza al crecimiento e, inevitablemente, tendrá efectos sobre la recaudación y sobre la contención del déficit.
De acuerdo con los últimos datos de Estadística, la contracción del consumo público ya ha supuesto una reducción de una décima en la tasa de crecimiento de la economía del segundo trimestre. En términos interanuales este componente pasa de avanzar al 1,5% en el mismo periodo de 2015 a hacerlo apenas al 0,1% de abril a junio pasados.
Javier Santacruz, economista socio de China Capital y profesor del IEB, considera que es probable que en el tercer y cuatro trimestre, la contracción sea mayor debido al cierre presupuestario que afecta, especialmente, a partidas que la Intervención General del Estado contabiliza como consumo público.
Santacruz explica que es una conducta sistemática del consumo público en los últimos meses del año desde 2012, dado que "Hacienda ha venido sistemáticamente reteniendo facturas de compras de bienes y servicios corrientes y no las ha reconocido, ni pagado hasta el año siguiente para evitar desviaciones mayores del déficit público", remarca el profesor.
Actuar sobre el 40%
El 60% del consumo público es remuneración de asalariados. Esta partida ni está congelada, ni se va a recortar reduciendo el sueldo a los funcionarios. De hecho, el Ejecutivo en funciones está buscando la fórmula constitucional para aprobar por decreto algunas cuestiones que son competencia de los Presupuestos, como es subir el sueldo de los funcionarios.
El otro 40% del consumo de las Administraciones Públicas sí es susceptible de ser recortado, en tanto que lo conforman las compras corrientes de bienes y servicios y la producción de servicios de no mercado. Es en este punto donde Santacruz entiende que puede haber consumos que, pese a realizarse a finales del ejercicio, no se reconozcan hasta enero de 2017.
Desde su punto de vista, el mayor problema que existe es la falta de un Proyecto de Ley de Presupuestos que sería absolutamente imprescindible para que las cosas vayan bien y, sobre todo, para realizar un buen plan de ajuste presupuestario. "Sin tener claros los ingresos y los gastos, es imposible planificar ni comprometerse con Bruselas", sentencia.
La inversión, también parada
Por su parte, Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB pone el acento en el otro componente de la demanda nacional, la inversión, también desde el lado de lo público. Con la obra pública paralizada, las empresas dependientes de la misma están empezando a anunciar despidos, lo que ya está teniendo implicaciones en el consumo.
Al final, explica, la necesidad acuciante de reducir el desequilibrio de las cuentas públicas, llevará al Estado a reducir la inversión que es, precisamente, lo que no debería hacer para poder generar empleo. Bernal entiende que el Gobierno en funciones va a hacer todo lo posible por no meter la tijera en las partidas sociales, en un momento en que puede suponerle un importante coste electoral o en los eventuales pactos de Gobierno.
El economista José Carlos Díez pone énfasis en otro aspecto que también tendrá efectos negativos sobre el cierre del déficit. Se trata de una previsión de ingresos que, tal y como sucedió ya en años anteriores y de acuerdo con las cifras de recaudación de que se dispone hasta la fecha, estaría hinchada.
Pone como ejemplo las cifras de la Seguridad Social, donde la desviación de los ingresos por cotizaciones puede superar los 10.000 millones de euros a la baja. Con los datos existentes hasta la fecha, la recaudación rondará los 103.000 millones de euros, frente a los 117.000 millones previstos por el Departamento que encabeza Cristóbal Montoro.
Según sus cálculos, este año los ingresos serán inferiores en el entorno de los 23.000 millones de euros a lo estimado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Díez teme que, si finalmente el Gobierno en funciones se ve obligado a prorrogar las Cuentas de este año, en 2017 la recaudación seguirá sin alcanzar todavía el objetivo que el Ministerio de Hacienda se había fijado para este ejercicio.
En su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016, el Ejecutivo prevé que los ingresos tributarios en asciendan este año a 193.520 millones de euros, con un aumento de un 6,2 por ciento respecto del Avance de Liquidación de 2015, y con un repunte del 4% con respecto al Presupuesto de 2015.
