El Gobierno español ya da por hecho que no va a enviar el presupuesto que esperaban en Bruselas antes del 15 de octubre, con nuevos ajustes para cumplir la reducción del déficit. Y a las autoridades de la UE parece no preocuparles demasiado, a pesar de que nuestro país está ya en el paredón de las sanciones por haber roto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Diversas fuentes en la maquinaria comunitaria han mostrado en los últimos días un tono particularmente comprensivo con el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Una alta fuente europea dijo ayer que nadie puede culpar al Ejecutivo español de no enviar un borrador presupuestario para 2017 con los 5.000 millones de ajuste estructural exigido (es decir, nuevos tijeretazos o subidas de impuestos). Es el mismo esfuerzo que también ha pedido Bruselas a nuestro país para 2018, con el fin de recortar el déficit desde el 5,1 por ciento del PIB alcanzado en 2015 hasta el 2,2 en 2018.
La misma fuente reconoció que la situación de bloqueo político que se vive en nuestro país "no es buena". Sin embargo, no mostró especial preocupación con el impacto en el saneamiento de las cuentas, dados los dos años extra que confirmaron el pasado mes los 28 a nuestro país.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aprovechó su asistencia al G-20 para trasladar al comisario de Economía, Pierre Moscovici, y al todopoderoso ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que España no presentaría para mediados del próximo mes los ajustes demandados. "Estoy seguro que Guindos está hablando con gente, porque aparte de ser inteligente es un buen comunicador", comentó la alta fuente europea.
En su lugar, enviará los mismos presupuestos de este año, pero proyectados en 2017, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento y la evolución de otras partidas, como el pago de intereses de la deuda.
Un escenario que ya dan por hecho en el seno del Eurogrupo, que discutirá mañana en su encuentro informal de Bratislava (Eslovaquia) la situación de España y Portugal.
Aunque Madrid y Lisboa fueron las primeras en ser sancionadas por no tomar medidas efectivas para cumplir con sus metas de déficit, a pesar de las numerosas prórrogas recibidas desde 2008, la Comisión perdonó finalmente la multa. Pero si España no aplica las recomendaciones en esta ocasión, el Ejecutivo comunitario no tendrá margen de maniobra para salvar a nuestro país de una multa que ahora sería del 0,5 por ciento del PIB (unos 5.000 millones de euros) y la posible congelación de algo más de 1.000 millones de fondos europeos.
Con un escenario político cada día más cerca de las terceras elecciones que del compromiso, en la Comisión Europea tampoco consideran que sea el momento de lanzar advertencias. Como reconocen los niveles superiores de poder, las reglas y el calendario del llamado Semestre Europeo no fijan qué hacer cuando se lidia con un Gobierno en funciones, que no puede presentar un borrador presupuestario.
