Finalmente hubo fumata blanca en la arena política española. Este fin de semana el PP aceptó las condiciones de Ciudadanos para cerrar un pacto de investidura con 170 apoyos, centradas en 150 medidas, que en clave económica condicionan las rebajas tributarias al cumplimiento del déficit según el calendario marcado por Bruselas.
Así, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, reiteraba ayer -en rueda de prensa posterior a la del líder de C's, Albert Rivera- la urgencia de aprobar unos presupuestos compatibles con los compromisos adquiridos con Bruselas, ya que "a pesar de que la economía española es la que más crece de Europa, nada nos garantiza que la ausencia de Gobierno haga daño a la economía e intereses generales de los españoles".
En consecuencia, la rebaja del IRPF prevista en el pacto (en dos puntos porcentuales) sólo se activará después de que el déficit rebaje el umbral del 3%.
En consonancia con la voluntad de reconducir las cuentas públicas, el alza del gasto que incluye el pacto PP-C?s, de 28.500 millones hasta 2020, será compensada con alzas de ingresos de 29.000 millones, centradas en la reforma del Impuesto de Sociedades, la recuperación de la insuficiente recaudación lograda con la amnistía fiscal de Montoro, y la eliminación de duplicidades administrativas, así como una variación del régimen de las sicav.
No en vano, acuerdos cruciales del pacto suponen un importante volumen de gasto: sólo el complemento salarial costará 7.600 millones durante los próximos cuatro años, y el plan contar la pobreza infantil incluido en el documento asciende al entorno de los 5.700 millones en el mismo periodo de tiempo.
En materia tributaria, y una vez sea rebajado el IRPF, los tipos mínimo y máximo serán del 18% y el 43,5%, bajo el compromiso de no subir esta figura tributaria en ningún momento hasta el momento en que el volumen de déficit permita rebajarlo.
Reforma de Sociedades
Esta actuación requiere de la activación de otras medidas tributarias. La más destacada es la reforma de Sociedades, de carácter inmediato. Será aprobada en un periodo máximo de tres meses y busca cerrar fugas fiscales, mejorar el control y elevar la recaudación sin subir los tipos nominales, pero sí modificando el impuesto de forma que los tipos efectivos de las grandes empresas se aproximen más a los nominales que en la actualidad.
El tipo general ha ido bajando desde el 30% hasta el 25%, pero la realidad es que las deducciones provocan tipos efectivos del entorno del 12%, algo que el programa de C's siempre quiso atajar.
Otra actuación tributaria que prevé el pacto es recaudar el 10% de lo aflorado en la amnistía fiscal, frente al 3% que ingresó del total aflorado computado como gravable en esta medida excepcional, lo que, unido a la lucha contra el fraude, permitiría aflorar 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años.
También C's logra una de sus máximas pretensiones en materia fiscal al firmar el PP su compromiso en la armonización de los tributos en razón del territorio, ya que se producen fuertes divergencias en la carga fiscal según autonomías, como en el caso del Impuesto sobre Sucesiones.
Capítulo especial merecen las sicav, cuyo régimen será modificado con el fin de que se utilicen para la funcionalidad para la que se crearon (instituciones de inversión colectiva) y no como vehículo para que las grandes fortunas tributen al 1% como ha venido pasando.
Todo ello, unido a la mayor prevención del blanqueo de capitales, la revisión del registro de paraísos fiscales, la reforma de los organismos reguladores y la mayor dotación de recursos para la Agencia Tributaria son las líneas fiscales básicas que engloba el pacto de PP y Ciudadanos para reconducir las cuentas públicas y poder rebajar IPRF.
Pero no las únicas, ya que también prevé el documento una reducción de las duplicidades en la Administración y una serie de medidas encaminadas a elevar la eficacia de la actividad económica y mejorar su transparencia y potencial de crecimiento, lo cual redunda en alzas de la recaudación necesarias para sufragar el decidido plan social, que desde el complemento salarial variable en función de la renta (7.600 millones en cuatro años) hasta el plan Infancia (5.680 millones), pasa por acciones varias como el refuerzo educativo (1.560 millones), un plan de activación para el empleo con un coste estimado de 2.000 millones en cuatro años, la ampliación y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad (2.800 millones) y otras medidas que totalizan 29.000 millones.
Además, el pacto prevé recuperar los niveles precrisis en educación, sanidad y dependencia y promete una auditoría independiente del gasto público en aras de su eficacia.
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