La luz a final del túnel de la crisis italiana se aleja y a Matteo Renzi no le queda otra que retirar la palabra dada y pedir a Europa nuevas derogaciones de los acuerdos sobre la reducción del déficit, con el objetivo de utilizar los recursos adicionales para cuadrar las cuentas y reanimar una economía estancada.
De momento faltan, como es costumbre en Italia, datos oficiales sobre las necesidades presupuestarias para 2017, pero los rumores de la prensa transalpina (confirmados por el subsecretario de Economía Enrico Morando) indican que el Gobierno de Roma busca 10.000 millones de euros de flexibilidad adicional para los próximos Presupuestos. Renzi estudia pedir a Bruselas una nueva derogación, a sólo tres meses de los últimos acuerdos y a despecho de las normas europeas que permiten desviar una sola vez, y en casos excepcionales, del camino de la reducción del déficit.
Italia ya ha obtenido para 2016 toda la flexibilidad prevista por las normas europeas: la Comisión le otorgó, en mayo, un descuento en los compromisos de reducción del déficit del 0,85% del PIB (14.000 millones de euros). La parte más grande del descuento se debía a las reformas (0,5%), a las que se añadieron la flexibilidad para las inversiones (0,25%), la crisis de los refugiados (0,04%) y las medidas antiterrorismo (0,06%).
Así, el país transalpino mantenido este año el déficit al 2,3% del PIB: sólo una pequeña reducción respeto al 2,6% de 2015. Sin embargo, Bruselas había advertido que necesitaba "un compromiso claro y creíble de que Italia respete los requesitos del Pacto de Estabilidad en 2017". Y Roma, al encajar tanta flexibilidad presupuestaria, se había comprometido al respeto de las reglas europeas.
Marcha atrás
Ahora, el país transalpino da marcha atrás. Bruelas había concedido a Italia una revisión del objetivo del deficit para 2017, llevándolo al 1,1%, con respeto al anterior 1,8%. Pero Renzi no quiere respetar el compromiso y apunta a mantener el déficit al 2,3% (el mismo nivel de 2016). Así, Roma ahorraría 10.000 millones que podría emplear en estímulos a la economía.
Todavía el Gobierno no ha presentado medidas concretas, pero los rumores indican nuevos recortes fiscales para trabajadores y pensionistas. Con este objetivo, Renzi, de cara a los preusupuestos que su Gobierno presentará en otoño, ha empezado una larga labor de negociación tanto con Bruselas como con los principales países europeos.
Según los rumores, el primer ministro italiano introdujo el tema en la reciente cumbre de Ventotene con Angela Merkel y Francois Hollande.
El problema del mandatario transalpino es encontrar algo que justifique a los ojos de los socios europeos una nueva derogación extraordinaria a los compromisos presupuestarios.
Renzi ha obtenido un maxi-descuento en 2016 gracias a la aprobación de la reforma laboral. Ahora se ha puesto las pilas para aprobar en pocas semanas nuevas reformas que lucir en Bruselas. Su plato fuerte será la reforma de los convenios colectivos, que prevé nuevas incentivaciones fiscales a los acuerdos que se firman a nivel empresarial y que busca aumentar la productividad. Pero el primer ministro italiano, con tal de obtener nuevos recursos, no descarta incluir en el informe para la Comisión otros cambios económicos más leves, como la agilización del despido para los ejecutivos de la administraciones publicas recién aprobada.
