Durante la semana pasada, la brecha entre los aspirantes a la Casa Blanca se estrechó, ofreciendo a la demócrata Hillary Clinton una ventaja de 6 puntos sobre su oponente republicano, el polémico Donald Trump. Desde el arranque del mes de agosto, los candidatos presidenciales han centrado su mensaje en explicar los planes económicos que pavimentarán el futuro del país en el caso de que alguno de los dos postulantes se haga con el Despacho Oval el próximo 8 de noviembre.
La ex secretaria de Estado apuesta por subir los impuestos a "Wall Street, empresas y los más ricos" e implementar "la mayor inversión en nuevos y mejor pagados empleos desde la II Guerra Mundial". Una hoja de ruta que la demócrata quiere reforzar con un plan de inversión en infraestructuras valorado en 275.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. Su oponente republicano también ha apostado por la mejora de puentes y carreteras como panacea para reanimar el crecimiento, un hecho que financiaría emitiendo más deuda, más de 500.000 millones de dólares, dado los bajos costes de financiación.
Promesas electorales que, sin embargo, dejan de lado la realidad que enfrentará el próximo presidente del país cuando jure su cargo a finales del próximo mes de enero. Todavía es relativamente pronto para poner todas las cartas en un caballo ganador y tampoco debemos pasar por alto que también se someterán al escrutinio del electorado los miembros del Congreso y 34 escaños del Senado. Aún así, en estos momentos, las previsiones apuntan que el Capitolio seguirá dividido ideológicamente con la Casa Blanca, algo que aventura un nuevo ciclo de bloqueo político.
Una situación que los inversores y Wall Street suelen favorecer pero que convierte determinadas decisiones en granadas de mano políticas entre legisladores y el jefe de la administración estadounidense. En estos menesteres, los presupuestos y el techo de deuda, como se conoce al límite de apalancamiento que dicta la Cámara de Representantes, volverán a cobrar más fuerza que nunca en el primer trimestre del año que viene.
"El Congreso suspendió el límite de apalancamiento del país hasta el próximo 15 de marzo de 2017, por lo que con mínimos avances para acordar un presupuesto federal al término del ejercicio en curso que culminará el próximo 30 de septiembre, los legisladores necesitarán tomar decisiones para mantener el gobierno financiado a partir de entonces", explica Michael Brown, economista de Wells Fargo Securities.
Incertidumbre por delante
Es importante recordar que en 2015, el Capitolio aprobó una acción bipartidista que eliminó los recortes y límites presupuestarios impuestos por la Ley de Control Presupuestario de 2011 tanto para el año fiscal 2016 como 2017. "Esperamos que se mantenga esta revisión pero existe una elevada incertidumbre sobre cómo se distribuirá la financiación entre las distintas operaciones del gobierno federal", señala Brown, quien señala que muchas decisiones presupuestarias serán retrasadas hasta que el próximo presidente y los nuevos miembros del Congreso tomen posesión de sus cargos.
En ese sentido, el economista de Wells Fargo reitera que aunque actualmente toda la atención está centrada en la carrera presidencial, "es importante no olvidar que el país todavía debe tomar decisiones muy difíciles dentro del plano fiscal durante los próximos meses".
Es por ello que la próxima Administración norteamericana tendrá que centrar inmediatamente toda su atención en el futuro fiscal de la nación, con especial atención al fin de la mora que canceló el límite de endeudamiento de la primera economía mundial.
Si el conocido como techo de la deuda se restablece a mediados de marzo y tenemos en cuenta que la tendencias en la recolección de impuestos a este lado del Atlántico han registrado una contracción en los últimos meses, el margen de maniobra para del Departamento del Tesoro antes de caer en un posible impago será más corto que en otras ocasiones.
