La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, descartó ayer que el Gobierno en funciones vaya a aprobar el techo de gasto para 2017 antes de que se llegue a un acuerdo para la investidura, tal y como habían sugerido dirigentes de Ciudadanos, partido con el que el Partido Popular está negociando los Presupuestos Generales del Estado .
"Sería forzar mucho la ley", admitió la vicepresidenta, quien resaltó además que no serviría de nada, porque "aún en el supuesto de que pudiéramos aprobarlos, si no podemos aprobar los Presupuestos ¿cómo financiamos a las comunidades autónomas".
Sáenz de Santamaría aprovechó el debate sobre el techo de gasto para incrementar la presión sobre el PSOE al recordar que "algunas comunidades tienen serios problemas", y necesitan contar con las previsiones sobre los recursos que les aportará el sistema de financiación autonómica, y con el techo de gasto". Por ello, aunque el Gobierno en funciones podría prorrogar los presupuestos, eso implica un efecto contractivo, y las autonomías, que están en estos momentos en pleno proceso de elaboración de las cuentas para 2017, viven con angustia la falta de previsión",
"Vayamos por derecho", apostilló la vicepresidenta, quien eludió pronunciarse sobre la posible fecha del debate de investidura, aunque tanto lo que dejaban entrever sus palabras como los comentarios de responsables de Moncloa y del Partido Popular apuntan a que se piensa dejar para septiembre.
Este aplazamiento no impediría cumplir los plazos pactados con Bruselas para presentar el nuevo programa de Estabilidad, el 15 de octubre. "Si hay un acuerdo sobre techo de gasto y presupuestos en el marco de un acuerdo para la investidura, eso facilita mucho las cosas", matizó la vicepresidenta.
En Moncloa insisten que en la negociación para formar Gobierno, va en un "mismo pack", tanto el techo de gasto y los Presupuestos como un posible acuerdo de investidura. Y "si hay un acuerdo para la investidura, lo demás se podría aprobar inmediatamente, porque ya habría trabajo avanzado".
Por otra parte, confirmó que el Gobierno está dispuesto a racionalizar en toda la administración pública, incluidas las diputaciones provinciales, para acercar así las posiciones con Ciudadanos (C?s) y avanzar hacia un acuerdo de investidura.
La reforma de la administración es un "proceso de reforma continua y hay mucha tarea para seguir ?racionalizando", dijo la vicepresidenta, quien subrayó que en su programa electoral el Partido Popular ya se compromete a hacer una "segunda edición de ese programa de reforma de las administraciones públicas, consciente de que éste es un punto que también al partido de Ciudadanos le interesa mucho, yo creo que podremos analizar distintos aspectos de cómo seguimos en un proceso de reforma continua".
Recordar que el partido de Albert Rivera hizo de la supresión de las diputaciones una de sus banderas electorales, tanto en la campaña del 20 de diciembre como en la del 26 de junio, y aunque los populares no van a acceder a la supresión de estas instituciones, sí están dispuesto a reducir su tamaño y su presupuesto.
