España afronta unos días decisivos. Si Mariano Rajoy no es investido presidente a lo largo de la primera semana de agosto, las elecciones del 27 de noviembre estarán más cerca. Y con ellas, una prórroga de los Presupuestos 2016 que podría poner al país contra las cuerdas. Cercado por Bruselas, con la decisión de la multa por ?esfuerzos insuficientes? en la reducción del desvío aún pendiente y con un desfase que amenaza con irse este año al 4,1 por ciento según el Panel de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, el Gobierno en funciones se encontrará con las manos atadas para aprobar ajustes y reconducir las finanzas. El déficit volverá a situarse en el mismo nivel en 2017 y excederá en 16.000 millones el tope que exige Bruselas.
El Ministerio de Hacienda, que comanda Cristóbal Montoro en funciones, no se pronuncia sobre esta posibilidad. "El ministro ya dejó claro que sin Gobierno no hay Presupuestos", advierten desde su entorno, sin entrar a referirse en qué puede suceder si vamos a terceras elecciones. A estas alturas del año, Montoro ya debía haber presentado el techo de gasto en el Congreso -legalmente puede hacerlo hasta el 31 de julio-, pero no ha sido así. Tampoco se ha convocado el habitual Consejo de Política Fiscal en el que Hacienda traslada el techo de gasto a las autonomías para que, a su vez, puedan diseñar sus cuentas
La situación es grave. Pese a que el Ejecutivo, desde que está en funciones, ha informado de la aplicación de numerosas medidas para reconducir las cuentas, lo cierto es que su potestad para aprobarlas es muy limitada. Tanto es así que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió el lunes en Bruselas de que su propuesta de establecer tipos mínimos en los pagos a cuenta de Sociedades, con la que espera incrementar ingresos en 6.000 millones, requiere de respaldo parlamentario suficiente. Así, la medida es solo un deseo por ahora.
Hoy por hoy, solo el cierre presupuestario a finales de julio, los 1.000 millones extra de la lucha contra el fraude y los Acuerdos de No Disponibilidad aprobados para la Administración Central y las regiones pueden surtir efecto. Unos ajustes insuficientes cuando el déficit, que debe caer al 3,7 por ciento frente al 5,1 por ciento del año pasado, superaba el 2 por ciento en mayo para el Estado, va camino del 0,8 por ciento en las autonomías y apunta a más de un 1,5 por ciento para la Seguridad Social.
Sin margen de mejora
No sólo son los panelistas de Funcas los que pronostican un déficit en el entorno del 4 por ciento. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve "factible pero exigente" cumplir con el 3,7 que solicita Bruselas, pero sus escenarios apuntan a una cifra mucho más cercana al 4 por ciento. Incluso la Comisión Europea, a días de decidir si multa a nuestro país, cree que el desfase será del 3,9 por ciento. La situación se prolongará si los Presupuestos de este año deben ser usados el próximo. "Con una prórroga no se puede cumplir el déficit, usaríamos unas cuentas que giran sobre el escenario macro de este año, y ello cuando ya sabemos que el año que viene se crecerá menos", advierte Juan Fernando Robles, profesor de Finanzas, augurando a su vez menos ingresos. Los datos lo corroboran. Hasta mayo la recaudación cedió el 2,5 por ciento, y ello pese a crecer a un ritmo del 3,2 por ciento. El año que viene el avance será inferior, del 2,3 por ciento. "Lo único bueno de este escenario es que al menos el gasto estaría topado", reconoce, augurando aún así más vigilancia de Bruselas si no hay Cuentas.
De opinión parecida es Fernando Méndez Ibisate, profesor de la Universidad Complutense, quien augura "un control mayor del gasto" por parte de la UE si la ingobernabilidad prosigue. Para Miguel Ángel Bernal, profesor y coordinador del Departamento de Investigación del IEB, la tutela no alcanzará el nivel que padece Grecia, "pero sí las reformas que nos pueden exigir". "No hay nada peor que llevarse mal con la UE", zanja.
Y hay más: una de las cosas que más preocupa a los expertos es el déficit de la Seguridad Social. El año que viene la partida dedicada a pensiones volverá a crecer -lo ha hecho en torno al 3 por ciento cada año- y sin medidas que alivien un desvío perenne de más de 15.000 millones, las posibilidades de bajar el déficit serán casi nulas.
Pese al escenario más que incierto, fuentes parlamentarias explicaron a este periódico que la Ley del Gobierno, en su artículo 21, recuerda que un Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos", absteniéndose de adoptar otras medidas "salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general". Unas líneas que, si vienen curvas, obligarían al equipo de Rajoy a tomar decisiones sin precedentes.