España retrocede dos posiciones en la última clasificación de Libertad Económica Mundial del año 2013. Según esta publicación, patrocinada por elEconomista y coeditada por Fraser Institute y Cato Institute, nuestro país cayó hasta el puesto 49 (desde el 47) en el ranking de 157 países que mide el grado de apertura de intercambios comerciales y su correlación con la asignación de recursos públicos.
España empató con Honduras y Panamá y aprobó todos los exámenes, si bien la pesada estructura estatal y la regulación, sobre todo, del mercado laboral, pasaron una importante factura en el segundo año de legislatura de un Mariano Rajoy con la agenda repleta de reformas como receta para el saneamiento fiscal.
"Teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto (PIB) español ocupa el puesto 13 a nivel mundial, una posición 49 sobre 157 en el ranking de libertad económica no es para estar felices, ni muchísimo menos", lamentaba ayer el presidente de la CEOE, Juan Rosell, durante la presentación del informe anual en la sede de este periódico en Madrid. A su juicio, "nos queda muchísimo camino por recorrer, pero falta el impulso político".
Durante su intervención, Rosell aseguró que "el informe deja claro que los países económicamente más libres tienen mejores resultados y crean más riqueza". En este sentido, el presidente de la patronal abogó por "una legislación lo suficientemente atractiva para la inversión" e incidió en la necesidad de la mínima intervención del Estado.
Con un 7,27 sobre 10, y pese al retroceso en la clasificación, nuestro país mantiene el aprobado general en las cinco áreas objeto de evaluación de este índice: tamaño del Estado (5,7), sistema jurídico (6,44), moneda sana (9,86), libertad de comercio internacional (7,61) y regulación (6,73). Y España se sitúa, además, por encima de la media global que, tras un leve aumento anual, cerró el año 2013 en un 6,86.
Excesiva estructura estatal
Llama la atención, no obstante, que las mayores puntuaciones las obtenemos en campos que no dependen directamente de nuestra toma de decisiones. "Es el BCE el que gestiona la política monetaria y tenemos un euro sólido", destacó durante la presentación del informe el presidente de Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós, quien resaltó asimismo que sacamos buena nota en libertad de comercio, "otra competencia de la UE". El asociado a Cato Institute aseguró que "en lo que a nosotros nos toca, no se han producido avances y, en algún caso, se han dado retrocesos".
Corría el año 2013. En la antesala de la recuperación, España lograba salir de la recesión técnica y dejar atrás los números rojos al crecer un tímido 0,1% en el tercer trimestre. Aunque cerrado uno de los capítulos más desagradables de la crisis financiera, tras el fin del rescate bancario, nuestra economía estaba en planta, pero aún se encontraba en estado grave.
La progresión de la deuda pública desembocó en un déficit de casi el cien por cien del PIB. Entonces, la comisión Europea nos dio dos años más para corregir el desfase. Con el fin de ajustarse al calendario, el Ejecutivo puso en marcha una serie de reformas para cumplir con el objetivo de déficit marcado por Bruselas para ese año, del 6,5%, que finalmente se sobrepasó en cuatro décimas. Así, se mantuvo la subida del IRPF para 2014 (prevista sólo para 2012 y 2013) y se impusieron subidas en impuestos especiales.
La última clasificación de Libertad Económica sitúa al tamaño del Estado español en 2013 en el puesto 116 de 157. "Una posición derivada del aumento de los impuestos, de un tamaño del Estado que no se ha reducido y de un proceso de transferencias que se ha mantenido en los años de crisis", explica Bernaldo de Quirós. En efecto, el informe detalla que "si el Gobierno grava a una parte de las personas para realizar transferencias a otras, se reduce la libertad de las personas para conservar sus ganancias". Además, el texto reza que los países con bajos niveles de gasto público y tipos impositivos marginales más reducidos obtienen mayores puntuaciones en esta área.
Regulación laboral, suspenso
Tampoco fue positiva aquel año la evolución del empleo. El paro no cesaba en su ascenso y llegó a superar en el primer trimestre la temida barrera de los seis millones de desempleados (el 27,16% de la población activa). No obstante, en su segundo año de andadura, la contestada reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy a golpe de decretazo parecía empezar a dar sus frutos.
Tras tocar techo, a partir del mes de marzo y hasta septiembre se frenó la sangría laboral y, aunque el elevado desempleo siguió siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza -no sólo del Ejecutivo, sino de la mayoría de la población española, según mostraban por aquel entonces las encuestas del CIS- se rompió la tendencia con una leve, aunque constante, recuperación del empleo hasta finales de año.
Sin embargo, los efectos positivos de la reforma no se ven reflejados en nuestro índice de libertad económica en 2013. Es más, la regulación del mercado laboral logra un aprobado raspado (5,41) gracias a que la ausencia de servicio militar obligatorio en nuestro país, que puntúa con un 10, sube la media al conjunto de esta partida pero, eliminada su aportación, la regulación del empleo suspende con un 4,5 que nos deja en el lugar 118 de 157.
En concreto, el mayor cate se lo lleva el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que alcanzó en 2013 los 645,3 euros mensuales. Hoy el SMI en España se sitúa en 655,20 euros al mes y organizaciones como la CEOE ya se han manifestado a favor de subirlo: "Estamos absolutamente abiertos a ello", dijo ayer su presidente en esta casa.
En cuanto a la regulación de la actividad empresarial, tampoco sale bien parada en el ranking de los 157, con una nota de 6,05 que nos hunde hasta el puesto 123, "en fronteras que rozan con países africanos", aseveró De Quirós. La cifra, sin embargo, no sorprende a Rosell, consciente de que "en el caso de España, la legislación del sector público entorpece la creación de empresas por la complejidad del marco normativo".
Para muestra, un botón: en 2015 se aprobaron en nuestro país 884 nuevas normas a nivel estatal y se publicaron casi un millón de páginas de Boletín Oficial del Estado y autonómicos, "prácticamente un récord mundial", apostilló el líder de la patronal, que cifró la legislación vigente en España en más de 175.000 normas.
El conjunto de las regulaciones, con una media de 6,73, coloca a nuestro país en la posición 107, en un puesto que, en palabras del presidente de Freemarket, "configura una economía con un alto nivel de intervención del Estado en la vida económica y social, con un peso de la regulación que, unido al gasto público, nos convierte en una de las economías desarrolladas y de la OCDE menos libres".
Por su parte, el sistema jurídico se lleva la segunda peor nota de las cinco troncales, por detrás del tamaño del Estado, aunque aún se sitúa en el puesto 39 de la clasificación, con un 6,44 de media. En este apartado, las peores calificaciones corresponden a independencia judicial (3,67) y a imparcialidad de los tribunales (3,84). Para Rosell, el problema del sistema jurídico español reside en la elevada litigiosidad y en la lentitud de resolución, con la entrada de alrededor de 8,3 millones nuevos asuntos en los órganos judiciales en 2015, de los que 2,4 millones quedaron pendientes.
Continuo declive desde 2005
España alcanzó el cénit de la libertad económica en el año 2005, cuando nos situamos en el puesto 23 de la tabla. El mayor proceso de crecimiento se produjo entre 1995 y 2000, pero cinco años después se inició un lento pero persistente proceso de reducción de este índice en nuestro país. La caída "puede no parecer muy relevante por las décimas", observa De Quirós, quien, no obstante, advierte de que "una caída de medio punto en el índice de libertad económica termina traduciéndose en el crecimiento a medio y largo plazo de la economía en un descenso de entre un punto y un punto y medio del PIB".
De su lado, el presidente de CEOE se mostró ayer optimista respecto a los datos que podremos observar en los índices de los años 2014 y 2015, donde apreciaremos una "ligera mejora" ya que, a juicio de Rosell, "en 2013 es pronto para ver el efecto del Gobierno de Rajoy".
