Los partidos políticos acudirán a las próximas elecciones con programas electorales muy similares a los que presentaron en la pasada campaña de diciembre, aunque sacarán la goma de borrar para matizar o modificar algunos de los puntos que resultaron más polémicos.
Para ello se servirán de la experiencia en los anteriores comicios y, sobre todo, en las posteriores negociaciones que ocuparon la fallida legislatura. Esos encuentros (y desencuentros), marcan además las que finalmente fueron las auténticas líneas rojas de los partidos, y dan pistas sobre qué partes de los programas electorales son realmente mínimos innegociables en las futuras negociaciones tras el 26-J y cuáles pueden difuminarse posteriormente a merced de los pactos.
Es el caso, por ejemplo, de la batalla por la reforma laboral, que tanta confrontación vuelve a suscitar en la precampaña actual. Aunque el PSOE vuelve a situarla como una de sus prioridades -igual que hizo en el 20-D- hay que recordar que la que fuera promesa estrella de los socialistas se suavizó notablemente en el pacto de Gobierno con Ciudadanos. Así, desapareció la palabra derogar, y en su lugar se habló de ajustes en el mercado laboral.
Otra de las formaciones que más cedió fue Podemos, aunque finalmente no cerró un acuerdo con los socialistas. Las 20 propuestas presentadas por Pablo Iglesias el pasado mes de abril modificaban varios aspectos respecto a su programa: la renta garantizada pasaba de 600 euros a 500 euros al mes, y el incremento de gasto fiscal se redujo desde los 96.000 millones de euros en cuatro años hasta los 62.000 millones en ese mismo periodo.
El partido morado llegó incluso a rebajar la que era una de sus grandes prioridades, garantizar la celebración de un referéndum en Cataluña para decidir su relación con España: "Dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia", se leía en el documento de Podemos, "desplazamos el ámbito de negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa de negociación integrada por En Comú Podem y PSC, comprometiéndonos a asumir como propio el acuerdo que ambas fuerzas alcancen", plantearon.
Más prudencia
La coyuntura económica, con un déficit superior al previsto, condiciona también las acciones de futuro, aunque en este caso, y a falta de conocer los programas definitivos, no ha sido tenida muy en cuenta por la mayoría. Con la excepción de Ciudadanos, que sí anuncia una nueva memoria económica que se adapte al recorte de gasto y dé marcha atrás a algunas propuestas, como la bajada del IVA que, admiten, ya no se podrá llevar a cabo.
La necesidad de más ajustes también ha llevado a los socialistas a ser menos ambiciosos en su planteamiento de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Mientras en diciembre proponía un alza próxima al 5 por ciento para este año, el calendario y las cuentas públicas han rebajado un punto, hasta el 4 por ciento, la promesa socialista, que se comprometen a cumplir si gobiernan en los primeros cuatro meses de legislatura. Y hay más. Ya en el pacto de Gobierno suscrito con Ciudadanos a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el PSOE ya bajó sus pretensiones a una subida "de al menos un 1 por ciento" del SMI.