Como parte de la ofensiva para escapar del castigo de Bruselas, el Gobierno del PP prometió más ajustes para cumplir con los objetivos de déficit si gana las elecciones... y evitar el bochorno de ser el primer país sancionado en la historia de la Unión Europea, a pesar de las robustas cifras de crecimiento.
El propio presidente de Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha asegurado este martes que sancionar a España por incumplir el objetivo de déficit es "absolutamente una posibilidad" que está recogida en la normativa comunitaria, al mismo tiempo ha señalado que en ambos casos había "serias razones" para contemplar la opción de multas.
Con todo, la publicación de la carta enviada el 5 de mayo por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su homólogo en la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, puede resultar poco útil en la estrategia española.
El hecho de que Juncker empujara a posponer el proceso sancionador el pasado miércoles, cuando se esperaba la decisión, fue interpretada por los más optimistas en el Gobierno español como una señal de que la Comisión podría terminar incluso por detener el proceso sancionador.
Pero en la Comisión, sin embargo, minimizan el impacto que las nuevas promesas de Rajoy pueden tener para alejar la sombra de una multa.
Una alta fuente europea señaló a elEconomista que el anuncio de ajustes adicionales incluido en la carta "no representó un factor determinante" en la decisión de la Comisión de posponer hasta principios de julio. Las mismas fuentes recordaron que el veredicto es sobre si España ha realizado los esfuerzos para recortar el déficit por debajo del 3% este año, tal y como acordó con la UE en 2013, tras recibir la tercera prórroga. Y la conclusión es un rotundo no, aseguran estos días en Bruselas.
A pesar de la poca permeabilidad de Bruselas con los argumentos españoles, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, aprovechó ayer el encuentro posterior con la prensa en la capital comunitaria tras la reunión con sus colegas europeos para pedir una actitud comprensiva.
Dado el empeoramiento del crecimiento y de la inflación, comparado con los datos cuando se realizaron las previsiones, Margallo justificó que la Comisión muestre manga ancha. Más aún, dado el ajuste "extraordinariamente notable" que ha realizado el Gobierno al pasar del 9% al 5% de déficit entre 2011 y 2015.
Eso sí, no dejó la puerta cerrada a nuevos ajustes al decir que es "perfectamente posible" combinar la reducción del déficit con crecer y crear más empleo. Pero también aconsejó a Alemania que incentive el consumo y realice más inversión pública.
Economistas alemanes incluso parecen inclinarse por no ser demasiado duros con España en este momento de la recuperación. Holger Schmieding, del banco Berenberg, recomendó ayer poner fin al ajuste fiscal en España, y consideró que "de alguna manera es comprensible" el relajamiento en el cumplimiento con la senda marcada para sanear las cuentas, dada la fatiga reformadora que ha dejado cambios profundos como la reforma laboral. "La política fiscal debería ser neutra", dijo en un evento organizado por el centro de análisis The Lisbon Council.
Cambiar el Pacto Fiscal
El retraso de la decisión sobre si sancionar a España por incumplir las reglas fiscales no sólo supuso acomodar las reglas europeas al calendario electoral, tal y como reconoció ayer el comisario de Economía, Pierre Moscovici. También ha servido para replantear el conjunto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En un encuentro con la prensa ayer, el comisario francés apuntó que "no habría tenido sentido en plena campaña" lanzar el proceso sancionador que una mayoría da por seguro.
Por lo tanto, lo "prudente" ha sido posponer la decisión hasta principios de julio tras el voto el 26 de junio, informó Efe. Más aún, Moscovici sugirió que en los próximos meses habrá que revisar el pacto de Estabilidad "no para debilitarlo, sino para simplificarlo y hacerlo más legible, y para darle más sentido económico", ya que el objetivo no es "romper la recuperación".
Pero más allá de estas señales de apertura, Moscovici avisó que "salga el Gobierno que salga, no hay margen para relajarse". El marcaje de Bruselas continuará con esos más de 8.000 millones de euros que ha pedido (un 0,75% del PIB) de esfuerzo estructural entre este año y el que viene.
Desde la Comisión mantienen que "los números no han cambiado" sobre la falta de esfuerzo realizada por el Gobierno español para rebajar el déficit desde mitad de la legislatura, lo que indica que se mantiene el "entendimiento generalizado" de que España deberá pasar al terreno de las sanciones, lo que podría desembocar en una multa de más de 2.000 millones de euros, aunque se espera que sea mucho menor.
