España nunca ha sufrido tantas sacudidas y varapalos en sus tres décadas como miembro de la UE como en los cuatro años de la pasada legislatura gobernada por el Partido Popular.
De pedir el primer rescate en su historia contemporánea para salvar a los bancos, lastrados por el ladrillo, pasó a convertirse en el niño modelo de los ajustes y las reformas, con un crecimiento de los más robustos de la UE. Y mañana, casi con toda seguridad, completará el registro cuando el colegio de comisarios dé el primer paso para que España sea el primer sancionado en la historia de la UE por no cumplir con las reglas fiscales comunitarias.
Porque el "consenso generalizado" es que nuestro país no ha realizado "los esfuerzos suficientes" para reducir el déficit por debajo del 3% este año, tal y como había acordado con las instituciones comunitarias, según coincidió el colegio de comisarios en la reunión preparatoria de la decisión el pasado martes.
Según adelantó elEconomista el pasado miércoles, una mayoría de los comisarios quiere llevar a España, y también a Portugal, al siguiente escalón del procedimiento de infracción dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con tal medida, será cuestión de días, y de un par de pasos procedimentales, que ambas economías sean sancionadas e incluso multadas con hasta un 0,2% de su PIB, unos 2.000 millones de euros en el caso español.
Delante de las cámaras, los portavoces comunitarios comentaron la semana pasada que no se adoptó ninguna decisión formal en el debate orientativo de la semana pasada. Pero fuera de micrófonos, las fuentes comunitarias explican que los flecos que quedan por decidir son el tipo de medidas más intrusivas que se aplicarán para garantizar que España recorta el déficit desde el 5,1% con el que cerró en 2015 hasta el 3%, la vigilancia que se le aplica y el calendario para ejecutarlo.
Discrepancias internas
Los dos responsables económicos de la Comisión Europea discrepan en alguno de los puntos fundamentales. Así, el vicepresidente de la institución, Valdis Dombrovskis, quiere dar a España sólo un año más para el ajuste, lo que encajaría con las proyecciones del Gobierno español.
Según reflejó el plan de Estabilidad enviado por Madrid al Ejecutivo comunitario, nuestro país cerrará el próximo año con un déficit del 2,9%.
Sin embargo, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, defiende otorgar a España dos años más. El francés quiere dar más margen al Gobierno de coalición que, con toda probabilidad, saldrá de las urnas el próximo 26 de junio, y que una de las primeras decisiones que tendrá que tomar será enviar un plan de ajustes adicionales de varios miles de millones de euros.
El buen comportamiento que sigue mostrando la economía española y, por lo tanto, la continua recuperación de los ingresos fiscales y el empleo, ayudará a que el ajuste no sea tan brutal.
Ambos comisarios también tienen que decidir si la sanción para ambas economías de la península también llega con una multa, y su cuantía, que muchos esperan que sea significativamente recortada si finalmente llega.
Las grandes sorpresas nunca se pueden descartar en la Comisión, más aún tratándose de una decisión "altamente política", como reconocen fuentes cercanas a su presidente, Jean-Claude Juncker. Ya el pasado octubre el luxemburgués decidió retrasar una semana el veredicto sobre el Presupuesto español para desautorizar a Pierre Moscovici, quien se había adelantado al calificar como insuficiente el esfuerzo realizado en las cuentas para 2016.
Dando por hecho que la sanción iba a llegar, fuentes oficiales españolas consultadas esperaban que, en esta ocasión, también se retrasara la decisión para no interferir en la campaña electoral en un momento político tan excepcional.
Sin embargo, desde el Ejecutivo comunitario insisten en que "los números son muy claros", por lo tanto parece difícil encontrar excusas, más aun cuando se podría beneficiar de nuevo a los países grandes (España) sin importar el impacto en los pequeños (Portugal).
Así, se espera que mañana el colegio de comisarios confirme que lleva a España y Portugal al siguiente escalón del procedimiento de infracción por no realizar esfuerzos suficientes para cumplir con el pacto de estabilidad. El veredicto, que llegará como parte del paquete de primavera de recomendaciones en materia fiscal y macroeconómica para todos los socios de la UE, pasará entonces a la mesa del Consejo. Italia también está en la cuerda floja, aunque su caso aparece como más dudoso para los comisarios.
Se espera que los Estados miembros decidan sobre el dossier español en la próxima reunión de los ministros de Economía y Finanzas, el 17 de junio.
En caso de respaldar la recomendación de la Comisión, tal y como se espera, el Ejecutivo comunitario tendría entonces casi tres semanas para decidir sobre los detalles de la sanción, incluida la multa y su cuantía. Aunque la sanción se confirme antes de acudir a las urnas, la multa podría ser una de las primeras comunicaciones que reciba desde Bruselas el nuevo Ejecutivo.
