La carrera por mantener a Reino Unido en la UE cierra el cerco en torno a la economía con la promesa de ambos bandos de que su apuesta para el referéndum es la que garantiza la prosperidad. Después de que la patronal británica redujese las previsiones de crecimiento para este año y el próximo ante la "oscura nube de incertidumbre" proyectada por la votación del 23 de junio, el frente a favor de la continuidad, encabezado por el Gobierno, y el que defiende el Brexit siguen tirando de apelaciones al bolsillo con las que pretenden zanjar el debate.
Ayer mismo, los partidarios del 'no' a Bruselas se anotaron un importante tanto en un territorio hasta ahora dominado por la campaña pro-UE: el de los empresarios. Hasta 306 firmaron en el diario Daily Telegraph, la cabecera eurófoba de mayor prestigio del panorama mediático británico, una carta en la que aseguraron que, si Londres abandona el bloque, los negocios del país ganarían libertad para "crecer más rápido, expandirse en nuevos mercados y crear más empleo".
Su opinión se basa en que, debido a la crisis de un continente marcado por "economías estancadas y trabajadores desempleados", los intercambios comerciales con los Veintiocho caen anualmente. Los firmantes, entre los que figuran destacados ejecutivos de Sony, o Goldman Sachs, denunciaron que las normativas de Bruselas coartan las posibilidades de los 5,4 millones de negocios que operan en Reino Unido, de los cuales, "sólo una pequeña minoría se relaciona con la UE".
Su razonamiento, sin embargo, colisiona con las advertencias de organismos supuestamente imparciales como el FMI, cuya jefa advirtió la semana pasada en Londres de que las consecuencias de la Brexit serían de "bastante malas a muy, muy malas". Christine Lagarde se posicionó así del lado del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, cuya visión negativa de una potencial salida, manifestada el jueves, ha llevado al frente anti-UE a demandar su despido.
La virulencia contra Carney y las sospechas de pinza entre el FMI y el Ejecutivo británico denunciadas por los partidarios de romper llevaron ayer al ministro del Tesoro a acusar a los eurófobos de "conspiracionistas". Para George Osborne, el debate en torno a qué opción de las que se juegan en la consulta conviene a la economía está zanjado: abandonar la UE sería un "inmenso error", por lo que instó al bando rival a "dejar de fingir".
Como prueba, ayer mismo se rodeó de dos de los más destacados oponentes que ha tenido en su carrera, su antecesor laborista, Ed Balls, y el ex portavoz de Economía liberal-demócrata y antiguo ministro de Negocios, Vince Cable, para presentar un frente común capaz de "poner las diferencias políticas a un lado". "No es una conspiración, se llama consenso: Reino Unido estaría peor si deja la UE", recalcó un Osborne que se atrevió a facilitar una inquietante cifra sobre lo que la ruptura costaría en intercambios comerciales, 200.000 millones de libras de pérdidas a la altura de 2030.
El acto, además, apuntó donde duele a una de las ciudadanías más viajeras del continente, puesto que se celebró en el aeropuerto londinense de Stansted, segundo del país, y contó con la participación del consejero delegado de Ryanair, quien dio por "certero" que las tarifas aéreas y el coste de las vacaciones aumentarían en caso de Brexit. También David Cameron quiso aportar su visión y, en una misiva en el diario Daily Mirror, un tabloide considerado próximo al Laborismo, aseguró que los sectores menos favorecidos de la población serían los que más sufrirían el golpe económico de romper con Bruselas.
Fitch advierte del riesgo de rebajas
Si el daño para Reino Unido no fuese suficiente, Fitch considera que la Brexit también se dejaría notar en el resto del continente, donde podría generar rebajas de calificación "a medio plazo" si los riesgos previstos se materializan.
Aunque el impacto sería "menor" para la economía británica, resultaría "palpable", puesto que, entre otros factores, reduciría las exportaciones de la Unión Europea.
