La reforma del sistema de pensiones suele ser una pesadilla para cualquier Gobierno. Tanto más en Italia, donde ya se han llevado a cabo cinco modificaciones durante los últimos veinte años. Todas las reformas han subido la edad de jubilación con el objetivo de cuadrar las cuentas públicas y complacer a Bruselas, enfrentándose a duras protestas por parte de los sindicatos.
Esta vez, sin embargo, Matteo Renzi intenta cambiar de rumbo y suavizar los efectos de la última -y más dura- reforma, promovida por el Gobierno tecnócrata de Mario Monti a finales de 2011, cuando Roma estaba a punto de caer y con la prima de riesgo disparada por su deuda.
La reforma, conocida como riforma Fornero (por el nombre de la ministra tecnócrata de Trabajo, Elsa Fornero, que rompió a llorar al anunciar sus medidas y recortes), ha perjudicado a miles de trabajadores entre 63 y 65 años que, en un solo día, vieron cómo se incrementaba su edad de jubilación hasta los 66 años y 7 meses. La medida, además, está teniendo otros efectos secundarios: limita la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo y causa graves problemas a decenas de miles de personas en situación de desempleo, que no pueden acceder a la pensión de jubilación por el retraso de la edad estipulado en la medida.
En los últimos años, el Gobierno y el Parlamento tuvieron que poner un parche interviniendo con seis decretos de "salvaguardia" para proteger a los trabajadores despedidos mediante expedientes de regulación de empleo que se han quedado sin pensión.
Ahora, Matteo Renzi quiere pasar al contraataque y está estudiando una medida para suavizar los efectos de la reforma tecnócrata flexibilizando el acceso a la pensión, es decir, anticipándola hasta tres años, y permitiendo la jubilación con los requisitos anteriores a los cambios de 2011.
A coste cero
La clave del problema, sin embargo, es el coste de la intervención. A pesar de estar a punto de obtener un aumento de la flexibilidad presupuestaria por parte de Bruselas, Renzi ha subrayado que la norma tiene que ser a "coste cero". Su apuesta es alcanzar el consenso modificando una ley muy impopular sin afectar a las cuentas públicas.
El Ejecutivo presentará su propuesta definitiva en otoño, con la ley de Presupuestos para 2017, y el ministro de Trabajo, Giuliano Poletti, ya está trabajando con el Ministerio de Economía con el fin de buscar un equilibrio.
Renzi quiere cosechar resultados electorales antes de la aprobación definitiva de la medida, ya que su Ejecutivo se someterá en los próximos meses a dos votos decisivos: las municipales, que renuevan el Gobierno de las principales ciudades italianas (entre otras Roma, Milán, Nápoles y Turín) y el referéndum constitucional sobre la reforma del Senado en octubre. Por esto, Poletti acaba de presentar un proyecto piloto que entrará en vigor unos días antes de las municipales con el objetivo de anticipar algunos efectos de la "contrarreforma" del sistema de pensiones.
A partir del próximo 20 de mayo los trabajadores que están a punto de jubilarse podrán convertir su contrato a tiempo indefinido en uno a tiempo parcial, con algunos incentivos. "Veremos si estas iniciativas gustarán a las empresas y a los trabajadores" declaró Poletti la semana pasada, subrayando que "es un tema que hay que tomar en cuenta, porque contribuye a construir un nuevo Estado de Bienestar en nuestro país".
El ministro, sin embargo, explicó que la reforma, que busca aumentar la flexibilidad en el acceso a la pensión, "es algo complejo y tiene que responder a dos parámetros: tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico y equitativa desde el punto de vista social". Poletti desmintió entonces la hipótesis de una penalización del 3% para el acceso a la pensión anticipada. "No lo podemos hacer, hay quien gana 700 euros y quien gana 3.000". Queda descartada así la propuesta del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y exministro, Cesare Damiano, según la cual la flexibilidad consistiría en poder acceder a una pensión de jubilación anticipada con una penalización considerable en el importe a recibir.
El camino elegido por el Gobierno parece el de consentir la anticipación de la pensión, a través de un préstamo garantizado por la Seguridad Social. Bancos y seguros anticiparían el dinero de la pensión en lugar del Estado, a través de una hipoteca avalada por el INPS (Instituto Nacional de Previsión Social, es decir, la Seguridad Social transalpina). El INPS, dependiendo de la situación del pensionista, determinaría el tipo de interés. Según los sindicatos, sin embargo, la anticipación de la pensión "a coste cero" es solo un espejismo. La central UIL, una de las tres principales del país transalpino, ha valorado que un trabajador con una pensión bruta de mil euros perdería casi un mes de pensión cada año para anticipar la jubilación.