El nuevo naufragio de la negociación entre Grecia y sus acreedores internacionales pone la estabilidad gubernamental en Atenas a prueba, y devuelve a la incertidumbre la sostenibilidad del último rescate de la economía helena, firmado el pasado verano. Los delegados de los acreedores anunciaron al Gobierno heleno de Alexis Tsipras la suspensión de la negociación que estaba en curso durante los últimos días en la capital y también la suspensión del Eurogrupo que se iba a celebrar hoy mismo sobre la evolución de la economía de este país.
El asunto que obstaculiza el debate entre Atenas y los acreedores es la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que Grecia legisle un paquete de medidas por un valor de 3.600 millones de euros, de carácter preventivo, que se activarían en caso de detección de una desviación de los objetivos de déficit público para los años 2017 y 2018.
Cabe recordar que, según firmó Alexis Tsipras, en estos dos años Grecia debe conseguir superávits primarios del 1,75% del PIB en 2017 y del 3,5% del PIB en 2018. Es una exigencia que Atenas rechaza, sosteniendo que legislar de manera condicionada -y más con objetivos tan sumamente ambiciosos- es algo contrario a la Constitución griega, pero también al derecho internacional.
Además, el Gobierno de Syriza sostiene que ya se han aprobado las medidas de 5.400 millones de euros que exigía el acuerdo con los acreedores durante el verano pasado.
No obstante, la persistencia del FMI ha conseguido convencer a las demás instituciones que componen la troika (el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) para detener las negociaciones, en un momento en el que Atenas creía que podía finalizarlas dentro de esta misma semana y sin necesidad de proceder a legislar las "medidas preventivas" que le pide la institución dirigida por Chiristine Lagarde.
Parón político de Syriza
Bajo el peso de estos acontecimientos, el Gobierno de Tsipras se enfrenta ahora a un grave estancamiento político. La cúpula del Gobierno, incluido Euclides Tsakalotos, el ministro de Finanzas, con- sidera que ceder a las exigencias de los acreedores supondría superar las últimas líneas rojas de Syriza.
Hay que tener en cuenta que dentro de las filas de Syriza hay un grupo de 53 diputados que ha declarado pública y oficialmente que legislar medidas presupuestarias de carácter preventivo es algo imposible para el actual Parlamento heleno.
De esa manera, el carismático Alexis Tsipras se enfrenta a una situación semejante, o incluso peor, a la del verano pasado, cuando 32 diputados -incluido el conocido exministro de Finanzas Yiannis Varoufakis- abandonaron el partido después de discrepar abiertamente con el acuerdo con los acreedores. Tsipras, sin embargo, logró sobreponerse a propios y extraños con una brillante victoria en las urnas.
Por si fuera poco, algunos asesores del presidente del Gobierno le sugieren una "salida heroica" de esta situación, convocando elecciones anticipadas. De este modo, creen que todo el mundo político griego se vería obligado a posicionarse oficialmente frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y eso lograría disipar las críticas sobre Syriza, a la que ahora todos ven como principal responsable del fracaso en las negociaciones.
Por otro lado, y de cara a lograr un mayor margen de manos de los socios europeos, cabe destacar que Tsipras se dirigió recientemente a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, solicitando la convocatoria de una Cumbre europea extraordinaria. Tusk rechazó esta propuesta y propuso una reunión inmediata del Eurogrupo, que ahora también ha sido cancelada.
De nuevo sin fondos
Sin embargo, mientras la evaluación de la economía griega no finaliza, el país se enfrenta a problemas más inmediatos. Los fondos del Estado empiezan a llegar a sus límites, justamente tal y como sucedía durante todos los meses desde febrero hasta julio del año pasado, cuando se desató el corralito.
El Gobierno se ve obligado a dirigirse ahora a las reservas de organismos públicos como hospitales, oficinas de empleo e incluso el Parlamento, para hacer frente a varias obligaciones inflexibles.
Todos ellos ya han depositado unos 500 millones de euros en el Banco de Grecia, y una parte de esta cantidad se ha utilizado para pagar salarios y pensiones. El paso siguiente para el Gobierno será utilizar nuevamente las reservas de los fondos de pensiones, en un deja vu del año pasado.
La liquidez estatal entra realmente en una zona de peligro, dado que aparte de las obligaciones inflexibles (unos 1.500 millones de euros al mes, Grecia debe empezar nuevamente a pagar cuotas al BCE y al FMI.
Solamente en el mes de julio, Grecia deberá abonar unos 2.900 millones de euros al primero y otros 458 millones de euros al segundo.
