Casi cinco años después de iniciado el proceso de reestructuración del sector público fundacional y año y medio después de finalizado el plazo límite para concluir el proceso de extinción, fusión o separación del ámbito administrativo, 14 de las 34 fundaciones afectadas siguen todavía sin causar baja en el Inventario de Entes del Sector Público.
Este proceso de reestructuración de la Fundaciones Públicas se desarrolló mediante tres acuerdos del Consejo de Ministros correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, y se enmarcan dentro del conjunto de medidas de reforma de las Administraciones Públicas que se incluían en el informe CORA, cuyo objetivo debía ser la racionalización y mejora de la gestión pública.
El Gobierno, en acuerdo aprobado el 20 de septiembre de 2013, fijó como plazo límite para esta reestructuración del Sector Público Fundacional el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización hecho público ayer, denuncia que "de las 34 fundaciones que acometieron actuaciones de reestructuración, sólo 20 de ellas culminaron todas las operaciones previstas en la misma" y concluye que de las 11 fundaciones que tenían prevista su fusión, tres de ellas no habían culminado el proceso; de las cinco que debían integrarse en otro organismo, cuatro tampoco habían terminado el proceso; de las nueve que debían extinguirse, tres no habían finalizado la tramitación y de las otras nueve que debían dejar de pertenecer al Sector Público Estatal, cuatro no habían llevado a término la modificación.
El órgano fiscalizador del Estado resalta en su informe que la complejidad y falta de homogeneidad del proceso de reestructuración "no permiten determinar el impacto económico que sobre el gasto público han tenido las diferentes actuaciones llevadas a cabo sobre las fundaciones del Sector Público Estatal", aunque sí refleja que entre los años 2010 y 2013, el gasto conjunto de las fundaciones integradas en el Sector Público se había reducido de 463, 66 millones a 304,4 millones de euros anuales. En este punto destaca también que sí se ha dado cumplimiento al mandato de reducir en al menos un 10% el número de directivos.
Entre las fundaciones que han incumplido su obligación de causar baja, el Tribunal de Cuentas incluye en el ámbito del Ministerio de Industria a la Fundación para el Desarrollo de las Zonas Mineras del Carbón, la Fundación Enresa, o la Ciudad de la Energía.
Al ámbito del Ministerio de Fomento pertenecen la Fundación Aena y la Fundación Ferrocarriles Españoles, que debían fusionarse en otra de nueva creación denominada Fundación del Transporte.
Además, figuran en la relación las fundaciones de Proyección Internacional de las Universidades Españolas, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y las Ciencias del Mar y la Fundación Biodiversidad; la de la UNED, la Juan José García, la Museo do Mar de Galicia y la Puertos de Las Palmas.
El Tribunal denuncia también que "transcurridos casi 13 años desde que se dictó la Ley de Fundaciones", finalmente se ha dispuesto la entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, pero el Consejo Superior de Fundaciones "continúa sin iniciar su funcionamiento".
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