Economía

Nadie está a salvo: el número de autónomos cae por primera vez en 16 años

Caída del negocio, dificultades financieras, ausencia total de protección por cese de actividad y Hacienda. Son los cuatro jinetes del apocalipsis que periódicamente amenazan la supervivencia de los trabajadores autónomos de este país, y que en esta época de crisis han unido sus fuerzas en una alianza siniestra que en los ocho primeros meses de este año se ha cobrado ya 9.334 víctimas.

Un número de bajas netas que se produce por vez primera desde 1992 y que a final de año contabilizará cerca de 100.000 puestos de trabajo perdidos en el colectivo de autónomos, la mayor destrucción de autoempleo de la historia reciente, sobre un colectivo que engloba a 3,3 millones de personas.

Cambio de tendencia

"Ni siquiera en la crisis de 1983 se destruyó empleo neto entre los autónomos", apunta Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Un dato que corrobora Sebastián Reyna, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la otra gran asociación del sector, para quien el verdadero problema es que "estamos ante un cambio de tendencia radical".

Cambio a peor que se produce, además, en un momento en el que tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, han incluido al autoempleo entre las principales alternativas para el creciente número de asalariados que, día a día, pasan a engrosar las cifras del paro.

Y la verdad es que tanto Reyna como Amor están de acuerdo con el Gobierno en que "el trabajo autónomo es una alternativa en épocas de crisis, pero hay que fomentarlo" y es aquí donde falla la ecuación. Porque el colectivo de autónomos "es uno de los que más está sufriendo la crisis".

Los datos de las dos asociaciones confirman también que a día a de hoy el 40 por ciento de los autónomos tiene problemas financieros y, como apunta Lorenzo Amor, "un autónomo sin crédito es como una bicicleta sin pedales y, si no hay dinero para el autónomo consolidado es fácil adivinar el negro panorama que les espera a los nuevos".

Para hacer frente a estas restricciones financieras, ATA y UPTA se han dirigido al Gobierno para que facilite el acceso de los autónomos a la financiación a través de líneas de crédito y avales especiales facilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras instituciones financieras "con objeto de que ninguna persona que quiera crear una empresa y generar empleo en nuestro país se quede sin hacelo".

Hacienda ataca

Pero, además de la batalla por la financiación, los autónomos españoles tienen que atender ahora a un nuevo frente que amenaza su superviviencia: la voracidad de Hacienda que ha elegido a este colectivo como presa preferente de su campaña de inspecciones para intentar apretar las tuercas a los contribuyentes y compensar así la caída en la recaudación consecuencia de la crisis económica y, especialmente, por la caída de la actividad en el sector de la construcción.

UPTA y ATA aseguran tener constancia de que que en torno al 15 por ciento de los autónomos que tributan por el sistema de módulos están siendo o van a ser inspeccionados y también se ha abierto una campaña de inspecciones para los autónomos que tributan por el sistema de estimación directa y que han pedido la devolución del IVA.

Una nueva ofensiva inspectora, que fuentes de la Administración Tributaria confirman que se extiende a todo tipo de tributos y cuyo único objetivo es recaudar más de los contribuyentes que ya están tributando, en lugar de intentar descubrir nuevas bolsas de fraude.

"El autónomo ha estado en los últimos años en el ojo del huracán de Hacienda y además tiene la dificultad de tener que soportar la carga de la prueba" explica Lorenzo Amor, quien recuerda que "es muy fácil inspeccionar y sancionar a un autónomo que tributa por el sistema de estimación objetiva porque ante Hacienda la presunción de inocencia no existe para los autónomos".

Una discriminación fiscal que, como destaca Sebastián Reyna, se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de las asociaciones representativas del colectivo que "hemos planteado al Gobierno que iguale el sistema de tributación de autónomos por estimación directa al que rige para las empresas". En concreto ATA y UPTA demandan un paquete de medidas fiscales "que tienen que ir más allá de la devolución del IVA mensual". Es necesario hacer más rebajas fiscales tanto en Sociedades por el número de empleos como en el IRPF con mayores deducciones, por ejemplo, para la contratación de trabajadores y para la incorporación de nuevas tecnologías".

Un alivio de la carga impositiva que, además, "tiene que ser hecha con equidad para todos los emprendedores", puntualiza Lorenzo Amor, "porque no puede haber autónomos de primera y atónomos de segunda".

Las dos asociaciones de autónomos han pedido la creación de una subcomisión en el Congreso para estudiar la fiscalidad de los autónomos y que se reduzca la brecha fiscal entre entre los que tributan por estimación directa a través del IRPF y los que lo hacen vía Impuesto de Sociedades. En la actualidad, el tipo máximo que un autónomo puede pagar por IRPF es del 43 por ciento, mientras que si figura como empresa esta tributación se reduce al 25 por ciento.

En esta lucha han encontrado la colaboración del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, cuyo portavoz en el Congreso de los Diputados, Josep Sánchez Llibre, se ha comprometido a plantear esta cuestión en la Cámara Baja en el periodo de sesiones que se ha iniciado este mes de septiembre.

Diálogo social

Al margen de estos dos frentes coyunturales, los autónomos españoles siguen negociando con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero las demandas tradicionales de este colectivo que, pese a la aprobación del Estatuto del Autónomo, siguen pendientes de respuesta y que han sido trasladadas, una vez, más al ministro de Trabajo en la reunión sobre el diálogo social que Corbacho mantuvo con las organizaciones sindicales a principios de este mes.

"Esta legislatura tiene que ser la legistura de los autónomos" asegura el presidente de ATA y, aunque quedan muchos aspectos por desarrollar, la gran prioridad es la instauración de la prestación por cese de empleo o de seguro de paro para todos los autónomos que se vean obligados por causas involuntarias al cese de su actividad.

El secretario general de UPTA recuerda, a este respecto, que se trata de "un compromiso del Estatuto y entendemos que en octubre se conocerá el informe de la Comisión creada para su estudio, que parece ser va a considerar que el sistema de protección es viable".

Como reconoce Lorenzo Amor "para que por fin los autónomos puedan acceder a la prestación por desempleo se ha de crear una caja financiada por los propios autónomos, mes a mes, sin que el erario público asuma coste alguno, por lo que su instauración debería ser ágil y sin ningún tipo de trabas".

De cumplirse este dictamen favorable de la Comisión el dilema que se abriría entonces estaría en si el sistema se plantea como obigatorio o voluntario y, en este punto, tanto UPTA como ATA consideran que debe ser obligatorio para que el sistema sea solidario y garantizar su sostenibilidad.

La segunda prioridad planteada por las asociaciones de trabajadores autónomos al ministro de Trabajo es la ampliación de las cantidades por capitalización del desempleo, modalidad que permite cobrar el subsidio de paro en un único pago para crear un negocio. Unas medidas que tanto Reyna como Amor califican de "fundamental" si se quiere fomentar el autoempleo entre los parados.

En la actualidad ,el parado que quiere acogerse a la capitalización sólo puede percibir el 40 por ciento del subsidio total que le corresponde, mientras que el Estado se reserva el 60 por ciento restante para pagar las cuotas de la Seguridad Social.

ATA y UPTA han pedido a Corbacho que eleve la cantidad percibida por el trabajador hasta el 80 por ciento del total, auque Sebastián Reyna matiza que, "mi impresión es que la van a subir hasta el 60 por ciento".

Con datos del Ministerio de Trabajo, el número de capitalizaciones de paro en España ascendió a 136.429 durante el primer semestre de este año, cifra que supone un incremento del 15 por ciento con respecto al año pasado.

Una solución esta de la capitalización del desempleo que defiende también la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Cataluña (AIJEC), cuyo presidente, Cristian Rovira, considera que se trata de una fómula "para fomentar la creación de emrpesas como método para crear ocupación y aumentar la actividad económica"

En opinión de Rovira, el impulso de la capitalización exige "un cambio de mentalidad en la sociedad, además de ayudas del Gobierno", entre las que destaca la reducción de la carga impositiva y simplificar los trámites para la creación de empresas o autoempleo.

Esta última es también otra de las exigencias de ATA y UPTA, que consideran básica una reducción de los trámites para emprender una actividad empresarial porque, como denuncia Lorenzo Amor, "España está a la cola de la UE en el tiempo que dedica a los trámites imprescindibles para la apertura de un local, siendo este un proceso cada vez más engorroso y costoso".

El problema del comercio

Al margen de estas grandes reivindicaciones, Sebastián Reyna asegura que existen también problemas en el diálogo con el Gobierno en los sectores del comercio, industria, hostelería o turismo, "en los que, por desgracia, estamos teniendo un problema de intercomunicación y nuestras propuestas no han tenido todo el efecto que hubiéramos deseado".

En relación con el sector del comercio al pormenor, Sebastián Reyna revela que "se están produciendo cierres en pequeños comercios familiares en los que el principal problema es la reducción de las ventas" que están en torno a un 6,7 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, señala, "las ventas se está trasvasando hacia las grandes cadenas".

Respecto a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha calificado de "positivas" algunas de como la rehabilitación de viviendas, pero considera que habría que ampliarla a los locales comerciales, "algo que produciría mucho trabajo en la construcción por un lado y permitiría ofrecer locales comerciales en mejores condiciones a jóvenes emprendedores que quisieran comenzar su actividad".

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