
Fuenlabrada, 30 mar (EFE).- CCOO de Madrid ha indicado que el Tribunal Supremo solo ha avalado la forma de proceder de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) "en la recolocación de los desplazados voluntarios que se acogieron a las medidas propuestas por la empresa anteriores a la sentencia de nulidad del ERE".
En ese sentido, el sindicato ha criticado a través de un comunicado "las informaciones publicadas según las que el Tribunal Supremo daba por buena la forma de proceder de Coca-Cola" y ha afirmado que "no es cierto que este tribunal ponga fin al proceso de reestructuración que ha durado 26 meses".
Respecto de la voluntariedad del proceso, sin embargo, el portavoz del comité de empresa de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, indicó a Efe que "hubo muchas coacciones y presiones" por parte de la compañía que, en algunos casos, "fueron denunciadas ante la Inspección de Trabajo".
Además, CCOO ha recordado que todavía queda pendiente de resolución un recurso de casación contra un auto de ejecución de sentencia dictado por la Audiencia Nacional y que "mantiene a los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada en tierra de nadie".
Así, ha criticado que los empleados de la planta del municipio del sur de Madrid se encuentren actualmente "sin tener trabajo efectivo, sin poner en marcha el centro logístico de excelencia, ni hacer inversión alguna para ello", si bien sí se ha "desmantelado la parte industrial en una política de hechos consumados".
Una situación que lleva a la central madrileña a anunciar que "el conflicto no ha acabado" y que el Alto Tribunal aún no ha dado "la última palabra" sobre el Auto de ejecución de la sentencia en relación a si este se ajusta a lo que la sentencia indica sobre la reposición en sus puestos de los afectados por el ERE.
Asenjo, por su parte, indicó a Efe que, en caso de que el Supremo atendiese dicho recurso, la compañía debería "reponer las líneas de producción" eliminadas en Fuenlabrada para devolver la fábrica a su función original como embotelladora.
En caso de que no lo hiciera, según el portavoz del comité de empresa, CCIP debería acogerse al artículo 284 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por el que, si no se cumple la readmisión en las condiciones que tenían anteriormente, deberá seguir abonándoseles su salario hasta que esta se lleve a cabo.
Por otra parte, CCOO de Madrid ha indicado que la compañía "atosiga" a los trabajadores de Fuenlabrada "con una vigilancia privada que lejos de garantizar la seguridad del centro y de las personas, se dedica a perseguir a éstas en cualquier movimiento que hagan en el recinto", algo que ha exigido que deje de hacer.
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