Lula da Silva no es un expresidente de Gobierno latinoamericano más, es un símbolo de la lucha en favor de las clases pobres, cuya figura trasciende con mucho las fronteras de Brasil. Su detención, ayer, y el cerco judicial que le amenaza desde hace semanas no sólo empaña su imagen en el interior del país, sino que mancha de gravedad su proyección internacional.
El mismo hombre que abandonó la Presidencia brasileña en el año 2010, con un 80 por ciento de apoyo popular, se ve ahora bajo la lupa judicial, cuestionado por dos investigaciones de la Policía Federal. El deterioro de su imagen ha sido inmediato, al punto de que, según una encuesta de finales de febrero, tan sólo uno de cada cuatro entrevistados cree en su honestidad. Y, lo que es más grave: el 67 por ciento lo considera tan corrupto como otros políticos.
Así las cosas, y al margen de si recibe o no condena judicial, es evidente que el arresto ayer de Lula -aunque fue puesto en libertad en unas horas- arroja unas cuantas piedras en el camino para sus aspiraciones de presentarse a las elecciones a la Presidencia en 2018. Una casa de unos amigos en el campo y un dúplex de lujo son el desencadenante que amenaza ya con impedir que el exsindicalista, defensor de los desfavorecidos y principal activo del Partido de los Trabajadores, pelee por la Presidencia de Brasil una tercera vez.
