Aflojar el ajuste del déficit requerido por Bruselas es uno de los escasísimos puntos en el que coinciden todos los partidos que debaten estos días la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. Pero este amplio frente no parece intimidar a la Comisión Europea, que oculta sus cartas respecto a la decisión que tomará esta primavera.
Una portavoz comunitaria no confirmó "ninguna decisión que se ha rumoreado" sobre una posible prórroga de un año para nuestro país, a cambio de no deshacer las reformas aplicadas durante el último lustro y mantener el esfuerzo reformador. Señaló que el Ejecutivo comunitario está "en contacto estrecho" con las autoridades españolas como parte del proceso de coordinación de políticas económicas y fiscales de la UE (el llamado semestre europeo). Pero no confirmó, aunque tampoco descartó, la posible discusión de la prórroga como parte de esos contactos.
España debe reducir el déficit por debajo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad este año, lo que requeriría un esfuerzo de al menos 8.000 millones adicionales a lo ya incluido en el borrador presupuestario para este año enviado por el PP antes de disolverse las Cortes. La Comisión ya avisó en octubre que el nuevo Gobierno debería enviar un nuevo borrador tan pronto como fuera posible para reflejar este esfuerzo adicional. Esos cambios deberían llegar antes de mayo, cuando la Comisión emitirá sus veredictos sobre los planes de ajuste y de reformas de las capitales.
Sánchez dijo ayer que negociará con Bruselas una senda de ajuste "gradual, realista y equilibrada" para cumplir con las reglas fiscales europeas el próximo año.
A pesar de los avisos dados por las autoridades comunitarias, no se espera que saquen la porra para probar la credibilidad del Pacto de Estabilidad. Terminarán cediendo, como en el pasado con Francia, o con la flexibilidad otorgada a Italia para reducir su abultada deuda pública, o el aprobado por los pelos dado al presupuesto portugués. Pero este margen adicional, el segundo que recibe España, no será gratuito. Fuentes comunitarias avisan desde finales del pasado año que un nuevo calendario para el déficit llegará con nuevas condiciones y un control más estrecho.
