
Madrid, 8 feb (EFE).- La Cumbre Social, que aúna a más de 150 organizaciones -entre ellas CCOO y UGT-, ha denunciado hoy el intento de los poderes públicos de "criminalizar" el derecho de huelga, en referencia a los 300 encausados por este motivo y en concreto a los 8 sindicalistas de Airbus que mañana van a juicio.
En un comunicado, la Cumbre Social ha manifestado que la actuación del Ministerio Fiscal, que solicita 66 años de cárcel para todos ellos, constituye "un atropello a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución".
En este sentido, ha asegurado que es este derecho el que "se sentará en el banquillo para vergüenza de la democracia española" y ha acusado al Gobierno español de "acorralar al movimiento sindical" mediante el endurecimiento del Código Penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como "ley mordaza").
"Si el derecho de huelga se cuestiona y se incrementa el poder coercitivo del Estado para atajar el conflicto social, la democracia estará en peligro", ha asegurado en su nota.
Así, la Cumbre Social ha reiterado su apoyo a los sindicalistas de Airbus y ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones que la conforman a participar en las movilizaciones que tendrán lugar esta semana con motivo del inicio del juicio.
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