Junts pel Sí y la CUP cumplieron ayer con su promesa de poner en marcha la tramitación de las leyes que darán vida a la hacienda, la seguridad social catalana y la ley de seguridad jurídica, que estaban recogidas en la resolución rupturista, aprobada el 9 de noviembre en el Parlament de Cataluña, y que ha invalidado el Tribunal Constitucional.
Ambos partidos presentaron ante el registro del Parlamento tres documentos en los que se solicita "una ponencia" conjunta para comenzar el debate sobre las leyes que tienen que dar vida a estas instituciones, claves para crear la estructura de la hipotética república de Cataluña.
En teoría, ahora el contenido de las proposiciones de ley se debatirá en tres comisiones diferentes. Desde Junts pel Sí explican que no se espera que las proposiciones de ley vean la luz hasta el final de la legislatura (alrededor de 18 meses). Ninguna de ellas se debatirá en la comisión de estudio del proceso constituyente, que se encuentra bajo escrutinio del Tribunal Constitucional.
Así, la ley para crear la hacienda catalana se debatirá dentro de la Comisión de Economía y Hacienda. La presidencia, la vicepresidencia y la secretaria de dicha comisión están controladas por Junts pel Sí y la CUP.
En el caso de la futura ley de la seguridad social, se negociará en la Comisión de Trabajo, donde, en este caso, Ciudadanos ocupa la vicepresidencia. En cuanto a la ley de seguridad jurídica, se negociará en la Comisión de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, que preside Junts pel Sí, con la vicepresidencia de la CUP. La secretaría está ocupada por Ciudadanos.
Fernando de Páramo, diputado de Ciudadanos en la Cámara catalana, explicó ayer que su partido no participará en la negociación de estas leyes, pero que "vigilará". Denunció que la decisión que habían tomado Junts pel Sí y la CUP atentaban contra la ley. Adelantó que el Gobierno español en funciones actuará contra este registro e indicó que los independentistas están aprovechando la debilidad de la política española para ganar terreno.
Legalmente, impedir esos debates internos dentro de las comisiones puede ser complicado, según explican fuentes jurídicas.
