La Comisión Europea publicó ayer su evaluación sobre el diseño y la aplicación del rescate a la banca española de 2012. El documento sirvió a la Comisión para entonar un tímido mea culpa en el golpe que recibieron los preferentistas y, sobre todo, un propósito de enmienda para comunicar mejor en el futuro decisiones en las que los pequeños inversores se puedan ver afectados.
El documento concluye que los objetivos de la asistencia a España de 41.000 millones se cumplieron, y que el rescate evitó "consecuencias más dañinas para el sector financiero y para la estabilidad macroeconómica en su conjunto".
Una vez más, el interés está en aquellos párrafos donde se encienden las luces de aviso que, en este caso, van sobre todo dirigidas a las propias autoridades europeas. Y estos mensajes vienen cargados de especial significado al estrenar la UE la directiva para la reestructuración y resolución de entidades, que supone una revolución copernicana al cambiar las ayudas públicas (bail-out) por el rescate a través de quitas a los propios inversores y accionistas de las entidades (bail-in).
Chipre, y después España, fueron los conejillos de indias de esta nueva estrategia que, por estar aún en cocción hace cuatro años, provocó errores de bulto muy peligrosos. Así, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, llegó a sugerir en el caso chipriota la inclusión de los depósitos protegidos, lo que a punto estuvo de provocar un pánico bancario. En el caso español, falló la comunicación de decisiones controvertidas, como las quitas aplicadas a las "preferentes", productos de inversión que muchos pequeños ahorradores y pensionistas adquirieron sin ser conscientes de sus riesgos, como reconoce Bruselas. La Comisión admite que "varias decisiones importantes" del programa "se podrían haber comunicado mejor", sobre todo la aplicación de las medidas para repartir la carga del rescate entre los tenedores de deuda subordinada y capital hibrido (es decir los preferentistas) de las entidades que recibieron la ayuda, y que terminó por provocar "malestar social".
Bruselas recuerda que la involucración de estos pequeños tenedores de deuda subordinada se hizo para minimizar la aportación de fondos públicos al rescate. Mientras, se excluyó a los tenedores "senior" para evitar riesgos a la estabilidad financiera y "potenciales efectos de contagio a otros estados miembros de la eurozona", ya que la falta de un esquema de bail-in claro entonces hubiera creado "incertidumbre legal" y pérdidas públicas, dado "el alto nivel de deuda en mano de los bancos garantizada por el Estado".
Mirando al frente, en el informe la Comisión se apunta una serie de lecciones y lanza recomendaciones. Sobre todo, "prestar particular atención" a la protección de los consumidores para "limitar" consecuencias negativas de las medidas del programa.
También insiste en la importancia de la transparencia. Así, una "comunicación clara es esencial" cuando se aplique el reparto de la carga. Las razones que han llevado a decidir quién paga qué en los rescates bancarios, ahora que la factura caerá en inversores, accionistas e incluso los depósitos no protegidos, debería ser "ampliamente accesible y ser comunicada apropiadamente" por las instituciones que participan en el rescate.
Esta promesa de más trasparente resulta aun más elocuente tras los polémicos rescates de algunas entidades en Portugal e Italia, culminados en diciembre a toda velocidad para evitar el estricto esquema de la nueva directiva.
