No han pasado ni dos semanas desde que el nuevo gobierno catalán tomara posesión de su cargo, pero su primera propuesta de Ley ya ha visto la luz. Se trata de una nueva tasa sobre las emisiones de coches. A partir de 2018, Cataluña cobrará un impuesto a aquellos vehículos y furgonetas que emitan más de 120 gramos de CO2.
Dicho impuesto será progresivo y dependerá del nivel de emisiones de cada automóvil y los vehículos de gama alta serán los que abonen mayores impuestos. Según explicó Josep Rull, conseller de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, un Audi A8 abonará unos 84 euros anuales. Aproximadamente, un 60% del parque de vehículos catalanes deberá contribuir a este impuesto, que generará una recaudación anual de 75 millones.
Una legislación "de Estado"
Rull destacó que la ley medioambiental que presentaba la Generalitat había que considerarla "de Estado", ya que el objetivo de Cataluña -refiriéndose a una Cataluña independiente-, perseguía reducir las emisiones.
Según Rull, Cataluña se comprometerá a rebajarlas un 25% en 2020 frente a los niveles de 2005, y para el año 2050, la contracción será del 80% "como mínimo". Este nuevo impuesto, independientemente de impulsar una mejor política medioambiental, puede esconder otras intenciones. Por ejemplo, tender la mano una vez más a la CUP.
La propuesta de Junts pel Sí para lograr un acuerdo sobre la fallida investidura de Artur Mas, ya contemplaba la creación de impuestos medioambientales. Además, Rull destacó ayer que la recaudación de la nueva tasa se destinaría a paliar situaciones de pobreza energética.
El nuevo gobierno de Puigdemont está obligado a sellar pactos si quiere aprobar nuevos presupuestos. Oriol Junqueras, conseller de Economía y Hacienda, ha explicado que tratará de buscar el mayor consenso posible, pero su trabajo es complicado. El presidente de ERC debe convencer a la CUP, que ya ha adelantado que cree que un plan de choque social de 270 millones es insuficiente y que le ha sugerido revisar impuestos, como Sucesiones, para aumentar la recaudación. Junqueras, en principio, lo ha descartado por el momento.
Punto de tensión con Madrid
El impuesto anunciado ayer no ayudará a la Generalitat a incrementar sus ingresos en 2016 para financiar el plan de choque, por lo que detrás de su aprobación también se podría esconder el deseo de mantener vivo el pulso con el gobierno de Mariano Rajoy.
Josep Rull, en una respuesta a una periodista no descartó, en un tono cínico, que la ley medioambiental pudiera ser recurrida e impugnada ante el Tribunal Constitucional como ha sucedido en el caso de otros impuestos, como el de depósitos bancarios.
