Los inspectores de la troika están a punto de volver a Atenas, pero las negociaciones entre los acreedores extranjeros y el Gobierno heleno ya han comenzado. En la base de los contactos se encuentra el desembolso de unos 5.700 millones de euros del tercer rescate, una cantidad que, de acuerdo con el memorándum del verano pasado, Atenas debería haber recibido antes de que acabase el 2015. Sin embargo, la cantidad sigue pendiente porque los representantes de la troika no han concluido sus evaluaciones, iniciadas el año pasado.
Atenas espera este asunto se dé por cerrado a mediados del mes de febrero, y que el desembolso tendrá lugar entonces sin más inconvenientes, para así poder cumplir con las cuotas al Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y también para atender sus necesidades domésticas.
Cabe destacar que el tercer rescate preveía también proporcionar unos 7.000 millones de euros para cubrir deudas del Estado a personas individuales (se trata de deudas con un retraso de más de noventa días, que actualmente ascienden a 5.900 millones de euros), mientras que para el año 2016 se preveía que Grecia recibiría otros 14.200 millones de euros, repartidos por trimestres.
Sin embargo, para que los 5.700 millones de euros lleguen por fin a Grecia, el Gobierno de Alexis Tsipras se enfrenta a una serie de medidas valoradas en 2.900 millones de euros, cuyo eje se encuentra en la reforma del sistema de pensiones del país. En ese sentido, el ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgkalos, encargado de la formulación del proyecto de ley de la reforma del sistema de pensiones, ha presentado la propuesta oficial del Estado y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea ya disponen de una copia para evaluarla, antes de que sus representantes aterricen en Atenas, algo que ocurrirá previsiblemente el 18 de enero.
Advertencias
La troika alerta de una "brecha" de 900 millones de euros en el presupuesto del año corriente y otro agujero de 2.000 millones para el bienio 2017-2018. De ahí las medidas necesarias por valor de 2.900 millones de euros. Además, recuerdan que Grecia se ha comprometido también a conseguir superávits primarios del 3,5% a partir de 2017 y en adelante.
El plan de Atenas para cubrir estos agujeros pasa por intervenciones en el sistema de seguridad social y del bienestar, el sistema tributario, reformas en la administración pública y la racionalización de gastos estatales. El primero de estos asuntos, la reforma del sistema de seguridad social y de pensiones, es el asunto que monopoliza la agenda política y económica en Grecia.
El Gobierno de Syriza propone un sistema con dos cambios fundamentales. El primero es la introducción de una 'pensión nacional' garantizada, la misma para todos. El segundo, establecer normas iguales para todos en cuanto a las cotizaciones y los beneficios. La pensión nacional ascenderá al 60% de la renta intermedia en Grecia (que hoy sería de 384 euros), será la base de cálculo para las nuevas pensiones, se financiará directamente de los impuestos y no de las cotizaciones a los fondos de pensiones, y se abonará a todos los asegurados que tengan como mínimo 15 años de cotización, sin criterios de ingresos.
Antes de su llegada a Atenas, los representantes de la troika han planteado ya algunas objeciones sobre esta "pensión nacional". El principal es subir a 20 en vez de 15 el mínimo de años requeridos de cotización, y establecer ciertos criterios de ingresos para los beneficiados, especialmente para las personas que se jubilen antes de los 67 años (o los 62 años con 40 años de cotización). En otro punto de discrepancia, la troika insiste en fusionar todos los fondos de pensiones (16 en la actualidad) en uno solo, un punto que recoge rígidas reacciones por parte de varios grupos profesionales, y en establecer una pensión máxima de 1.800 euros independientemente de las cotizaciones acumuladas. De todos modos, la negociación entre Grecia y los acreedores no se arrancará oficialmente antes del 18 de enero, cuando los inspectores visitarán Atenas.
Un punto crítico del acuerdo será que ya hay un acuerdo entre el Gobierno y los empleadores sobre el tema de aumentar las contribuciones. Los organismos patronales han aceptado un aumento de 0,5% en las contribuciones a los fondos de seguros, mientras que se prevé otro aumento también del 0,5% por parte de los empleados.
Retirada de inversiones en Grecia
El jefe de la empresa canadiense Eldorado Gold, Paul Wright, visitará a lo largo de esta semana el país heleno para hacer llegar un ultimátum a las autoridades griegas sobre la suspensión definitiva de sus actividades en el país, una amenaza que cumplirá si no se resuelven las cuestiones pendientes relativas a la concesión de licencias y el progreso de su plan de inversiones.
La multinacional canadiense se instaló hace varios años en la región de Skuriés (situada a unos 110 kilómetros al este de Tesalónica), en el norte de Grecia, con el objetivo de operar en las minas de oro que se ubican en ese territorio. A causa de las consecuencias ambientales de la extracción de oro, se organizaron intensas protestas por parte de habitantes de la zona, y el gobierno de Syriza tomó la decisión de retirar varias licencias y estudios técnicos presentados por la empresa.
Ahora el país se enfrenta a perder un plan de inversión en las minas de oro en Skuriés que ascendía en total a 1.500 millones de euros. De esos, 650 millones ya se han gastado en las operaciones desde el 2012 hasta hoy. la actividad de la canadiense implica además el empleo de unas 2.000 personas.
