Las reacciones de los empresarios catalanes a la decisión de la CUP de mantener su veto a la investidura de Artur Mas se hacen esperar. Ninguna de las principales patronales del sector manifestaron su opinión oficial ayer, aunque es más que probable que la mayoría de empresarios haya recibido la noticia con alivio, porque unos nuevos comicios suponen un balón de oxígeno y aseguran que se paralice el proceso rupturista y también la participación de la CUP en él.
Los empresarios estaban muy preocupados por el impacto en la economía que podía tener el proceso rupturista que habían pactado la CUP y Junts pel Sí y que había recibido críticas tanto desde fuera como dentro de España.
Instituciones como Fomento del Trabajo o el Círculo de Economía habían criticado la declaración rupturista por poner en riesgo la seguridad jurídica e imponer la desobediencia a la legalidad. Los segundos explicaron que, tras la aprobación de la declaración, se habían frenado procesos de inversión o deslocalizaciones. Además, algunas empresas extranjeras con intereses en Cataluña cuentan con planes de contigencia para reducir o trasladar su actividad si hay independencia. Su paralización asegura mantener las inversiones.
El proceso, además, puede haber supuesto un notable desgaste para las relaciones de Artur Mas y los empresarios que históricamente le han apoyado. Como explicó la semana pasada elEconomista, algunas de las familias que estaban junto a Mas y Convergència al inicio del proceso, han ido poniendo distancia con el todavía president a lo largo de los tres meses de negociación con la CUP.
Familias como los Esteve, los Rodés, los Godó, los Grifols o los Carulla a los que tradicionalmente se situaba cerca del president, podrían ya no estar tan cerca de él. Sin su núcleo duro de empresarios,Mas habría perdido el soporte de una gran parte del tejido económico catalán.
El cisma de la declaración
Las negociaciones que Junts pel Sí ha mantenido con la CUP a lo largo de todos estos meses han estado detrás de la fractura de CDC y Artur Mas con buena parte del empresariado. La aprobación de la declaración rupturista en el Parlament el pasado 9 de noviembre, donde se afirmaba que Cataluña no se sometaría a la legislación española e instigaba a desobecer al Tribunal Constitucional, acrecentó el malestar en la clase empresarial e, internamente, dentro de Convergència.
Tras aquel documento y por su insistencia en negociar con la CUP, aunque ya hubiera rechazado su investidura, algunos de sus más allegados han llegado a afirmar que no reconocen al Mas que han visto en los últimos meses.
En público, los líderes de varias empresas catalanas como Freixenet, Pronovias, Almirall o Kiluva, ya insistieron en que tras las elecciones del 27 de septiembre, la ruptura con España planteaba muchos riesgos y, en algunos casos, advirtieron que se plantearían trasladar la sede en el caso de que finalmente se produjera la independencia. Los comicios de marzo pueden ser una oportunidad para dar una paso atrás en el proceso independentista y buscar otra salida política.
