La incertidumbre política desatada por el resultado electoral del pasado domingo no implica un peligro inminente para la recuperación de la economía española. De hecho, tener los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 ya aprobados nos inmuniza al menos por tres meses, hasta que se decida el nuevo Gobierno o se convoquen nuevas elecciones.
Esa es la valoración de los expertos consultados por elEconomista, que recuerdan que España está mejor posicionada para resistir un período de inestabilidad política que Grecia o Portugal, ya que nuestro país cuenta con el viento de cola de las reformas realizadas y el impulso del petróleo barato, los bajos tipos de interés, el menor precio de las materias primas y la tanda de estímulos monetarios del Banco Central Europeo (BCE).
Ahora bien, tal y como detalla Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada del CEU, la citada inmunidad es relativa y temporal. "Uno de nuestros principales desafíos es que más del 53% de la deuda pública -es decir, más de 420.000 millones de euros- la tenemos con los acreedores extranjeros. Y hay que salir a financiarse periódicamente al exterior, con lo que toda prolongación de la situación de interinidad gubernamental o de incertidumbre en la investidura hará subir el tipo de interés al que nos financiamos, aplaza inversiones, decisiones empresariales, además de que afecta a la imagen de España en el exterior", concreta Morillas.
En el mismo sentido, el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles coincide en que disponer ya de los Presupuestos del ejercicio 2016 resta incertidumbre a las decisiones a tomar en los próximos meses.
"Una prórroga de los PGE hubiera sido peor. En la situación actual, se garantiza un funcionamiento normalizado de la Administración Pública", resume Robles, quien no obstante señala que un riesgo de la indefinición política es el contagio a la prima de riesgo.
El profesor Juan Fernando Robles considera que el escenario político abierto tras las elecciones del domingo induce volatilidad en los mercados y no beneficia al coste de financiación de la deuda, por no citar que "la falta de confianza generará un compás de espera en las inversiones hasta ver en qué desemboca esta situación".
La deuda, afectada en caso de barullo
España arrastra una elevada deuda pública, que roza el 100% del Producto Interior Bruto (PIB), y sufre mucha dependencia del capital exterior, por lo que cualquier freno en unas reformas aún necesarias o cualquier giro a la izquierda extremista sería observado con lupa por los mercados.
Según argumenta Almudena Semur, gerente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), contamos con "el anclaje de los Presupuestos Generales y el impulso de las reformas hechas, que permitirán que España crezca este año de manera sólida y el año próximo en torno al 2,7%".
Ahora bien, eso no significa en modo alguno que nuestro país pueda permitirse el desviarse de la senda de los ajustes "ni descuidar el cumplimento del objetivo de déficit público (el 2,8% del PIB para 2016), puesto que ya en 2017 España entrará en la senda alcista del precio del petróleo, el alza de las materias primas y la subida de los tipos de interés", advierte Almudena Semur.
Pérdida de la confianza de los mercados
Una de las sombras del resultado electoral es que siembra dudas sobre la continuidad y eficacia de las reformas económicas que han ayudado a España a salir de la recesión. Y eso a su vez puede erosionar la confianza de los mercados y, por ende, disparar el coste de la prima de riesgo, principal talón de Aquiles de nuestro país en 2012 y 2013.
"Un período prolongado de incertidumbre política podría afectar a la confianza de los consumidores y de los inversores", según fuentes de HSBC.
Además, el riesgo de parálisis e ingobernabilidad podría dañar asimismo las buenas perspectivas de crecimiento de España, del 3,3% este año y del 3% el que viene.
Bruselas presiona
Sobre la mesa del nuevo Gobierno español estará sin duda la presión de realizar más ajustes que ya ha demandado la Comisión Europea a Mariano Rajoy.
En efecto, el Ejecutivo comunitario ha puesto en duda que el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 sea suficiente para rebajar el déficit público desde el 4,2% del PIB -que es la meta de este año- hasta el 2,8%, que es el tope que España puede permitirse en 2016.
En esa tesitura, tal y como sentencia la gerente del Instituto de Estudios Económicos, Almudena Semur, "hay que continuar con el proceso reformista, ineludible para consolidar la recuperación económica e inexcusable porque así lo exige Bruselas".
Una de las consecuencias -esta sí, inmediata- de una parálisis política sería que la falta de confianza generaría un compás de espera en las decisiones de inversión, tanto de los consumidores como de los empresarios y de los inversores internacionales.
Días antes de las elecciones, Mariano Rajoy se felicitó de que España ahora "genera mucha confianza" en el exterior y, a este respecto, subrayó la importancia de que su Gobierno hubiera aprobado los Presupuestos Generales del Estado. "Fijan la senda", afirmó el ahora presidente del Ejecutivo en funciones.
Y, efectivamente, "el que haya Presupuestos da margen para 2016; administrativamente hablando el Estado está presupuestado y en marcha para este año", admite José Domingo Roselló, del Instituto Flores de Lemus-Universidad Carlos III. Una realidad que no impide que existan otros efectos desfavorables.
El retraso en las reformas pendientes
La vuelta atrás en las reformas que preconiza la izquierda de Podemos, o el retraso de medidas que todavía faltan por desarrollar sería como tirar piedras contra nuestro tejado, según puso de manifiesto recientemente el Instituto de Estudios Económicos en la presentación de un informe macroeconómico.
Además, tal y como reclaman desde las patronales CEOE y Cepyme, el Gobierno que finalmente se forme debe acometer más reformas en el terreno laboral y en el sistema de pensiones; introducir mayor flexibilidad para la contratación y la creación de empleo; avanzar en la rebaja de impuestos directos y en el recorte de las cotizaciones sociales, entre las principales medidas para afianzar la recuperación.
