El caso conocido como Luxleaks, que desveló la madeja de acuerdos tejida por Luxemburgo para beneficiar a multinacionales para apenas pagaban impuestos, puso en la picota la evasión fiscal y las agresivas prácticas de algunas empresas amparada por socios europeos.
La respuesta del Parlamento Europeo a estas turbias prácticas fiscales realizadas durante años en Europa llegó ayer con un informe en el que piden que las corporaciones paguen los impuestos donde generan los beneficios, más transparencia en sus declaraciones fiscales, y una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades.
El documento, aprobado por una amplia mayoría (508 votos a favor, 108 en contra y 85 abstenciones), es el resultado del trabajo del comité especial creado por la Eurocámara tras la revelación del escándalo en noviembre del pasado año.
Sin embargo, este escándalo que causó indignación entre la ciudadanía y expuso a países como Luxemburgo, Holanda, Irlanda o el Reino Unido, amigos de prácticas fiscales cuestionables, ha dejado pocas heridas políticas.
El informe parlamentario apenas tiene un valor simbólico, ya que los eurodiputados no tienen competencias fiscales (exclusivamente en manos de los Estados, donde las decisiones apenas progresan al requerirse unanimidad). Además, el último responsable político del Luxleaks, por haber gobernado en Luxemburgo las últimas dos décadas, Jean-Claude Juncker, aterrizó en la presidencia de la Comisión Europea sin apenas rozaduras justo cuando los medios revelaron el caso.
Finalmente, los Estados miembros reaccionaron prometiendo poner fin a estos arreglos fiscales. Sin embargo, el acuerdo entre las capitales para el intercambio automático de información aguó la propuesta de la Comisión, al limitar la retroactividad a cinco años, y al impedir que Bruselas acceda a toda la información para controlar que algunas capitales no hacen trampas.
El informe de la Eurocámara también urge a los Estados a que obliguen a las multinacionales a informar sobre sus beneficios y cargas fiscales país por país. Frente a la tibia respuesta de las capitales, y la simbólica pataleta del Parlamento, la Comisión ha podido atacar estos acuerdos fiscales por el lado de las políticas de competencia.
Así, el Ejecutivo comunitario calificó el pasado mes como ayudas de Estado ilegales el acuerdo entre Holanda y Starbucks, y Luxemburgo con Fiat. Obligó a ambos países a terminar estos acuerdos, y a recuperar las cantidades "perdonadas" (30 millones de euros en el primer caso y 32 millones en el segundo).
En tiempos de austeridad, resulta "políticamente inaceptable" que estas grandes empresas apenas paguen impuestos, dijo la socialista portuguesa, Elisa Ferreira, una de las ponentes del informe.
