La baja competitividad de las empresas griegas siempre ha sido uno de las principales reproches por parte de los acreedores a la hora de subrayar las debilidades de la economía del país. En aras de ese anhelado aumento de la competitividad se impusieron decenas de medidas cuyo objetivo principal no era precisamente aumentar la capacidad de las empresas o modernizarlas, sino recortar salarios y derechos con el fin de reducir costes.
Seis años después de la demolición de todo tipo de derechos y principios laborales, la competitividad de las empresas griegas sigue, más o menos, en los mismos niveles de los años precrisis. Los cambios más dramáticos no se encuentran en los índices de competitividad, sino en el mismo mercado laboral del país, que en 2015 se caracteriza por registrar todo tipo de abusos.
La larga crisis ha llevado a la plena liberalización del mercado laboral con consecuencias incontrolables para los trabajadores pero también para la economía. Los números, que siguen siendo el evangelio estricto de los acreedores, revelan las nuevas condiciones. En 2008 había unos 161 convenios colectivos, mientras que hoy sólo siguen en vigor 18, cubriendo el 15% de los empleados. El 85% restante está bajo convenios individuales o empresariales.
Salarios por los suelos
Hasta 2015, el 70% de los empleados del sector privado se ha visto obligado a firmar contratos individuales con recortes salariales de hasta 40%. Sólo el 9% de los empleados (unas 140.000 personas) reciben el salario mínimo, mientras que unos 500.000 trabajadores (uno cada tres) cobran 300 euros netos trabajando a tiempo parcial o en rotación de puestos. Unos 300.000 empleados mantienen una relación de empleo asalariado con su contratista pero en las cuentas aparecen como autónomos. Otros 800.000 trabajadores no cuentan con seguridad social, privando a los fondos de unos 2.000 millones de euros al año. Por último, en 350.000 familias no hay ni una persona empleada y la tasa de paro de larga duración está hoy en el 73%.
La desregularización del mercado laboral en Grecia no se limita, sin embargo, solo a los recortes salariales o la abolición de los convenios colectivos. Las mismas empresas que supuestamente han apoyado estos cambios, no parece que se hayan beneficiado de la manera esperada. Aunque los costes laborales se han desplomado mediante despidos y recortes, las cuentas de la gran mayoría de las empresas siguen en rojo.
De hecho, alrededor del 50% de las empresas griegas declara su imposibilidad de pagar a tiempo los -ya recortados- salarios de sus empleados. El retraso oscila entre un mes hasta incluso un año, y la media está alrededor de los cinco meses. Hace un año, en 2014, era de tres meses. La Inspección de Trabajo griego calcula que los empleados que reciben con retraso sus nóminas son alrededor de un millón de personas, con todo lo que esto conlleva en cuanto al consumo o la cotización a los fondos de seguros.
Por último, una práctica empresarial que parece que va ganando terreno últimamente es que la empresa abone una cierta cantidad del salario, como un avance, siempre y cuando se lo faciliten sus cuentas.
