La brecha que el proceso independentista ha abierto en el empresariado amenaza con romper definitivamente la patronal catalana Foment del Treball, tras la reunión que una delegación de Cecot, la patronal de Tarrasa integrada en Foment, mantuvo ayer con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, además de anunciar su participación en un encuentro con cinco asociaciones independentistas.
Una reunión en la que el presidente de Cecot, Antoni Abad, pedía a Forcadell que mediara entre Junts pel Sí y la Cup para conseguir formar un Gobierno "cuanto antes". porque "nos conviene que haya un Govern para la competitividad y la cohesión social".
Responsables de Foment interpretan estas actuaciones de Cecot como una "provocación" y un argumento más que añadir al expediente de expulsión que la organización que preside Joaquim Gay de Montellá ha abierto a Cecot.
El comité ejecutivo de Foment decidió por unanimidad abrir este expediente de expulsión en su reunión del pasado 22 de octubre, por considerar que la expansión de esta organización de pequeñas y medianas empresas fuera de su ámbito territorial entra en conflicto con los estatutos de la patronal.
Sin embargo, el trasfondo del conflicto va más allá de este problema formal para enmarcarse en el posicionamiento de Cecot, y especialmente de su presidente Antoni Abad en favor de las tesis independentistas de Artur Más y Junts pel Sí, y en contra de la postura oficial de Foment, contraria a la independencia.
De hecho, Cecot, ha sido la primera organización empresarial en tener audiencia con la presidenta del Parlament, quien no sólo no ha convocado a Foment, la patronal mayoritaria a en Cataluña, sino que "ni siquiera ha mantenido contacto alguno con la organización".
Y mientras se agudiza la división interna, Foment ha abierto un nuevo frente en la guerra que mantiene con la Generalitat , al comunicar al consejero de Empresa y Ocupación, Felipe Puig, su renuncia a participar en las mesas de la concertación social de Cataluña.
Una decisión que culmina el divorcio entre la patronal decana y mayoritaria en Cataluña y el Ejecutivo que preside Artur Mas, y que se inicio con la negativa de Foment a entrar en el nuevo consejo de dirección del Servei d?Ocupació de Catalunya (SOC), como respuesta a la decisión del gobierno autonómico de recortar su representatividad del 75 al 50%, para equipararla a la de la patronal del a pequeña y mediana empresa Pimec, a la que se cedía ese 25%.
Tras la comunicación de ayer, Foment renuncia también a participar en la mesa del Consejo de Trabajo, Económico y Social (CTES C) y en el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña, organismos de los que forman parte también los sindicatos y Pimec.
Como adelantó elEconomista el pasado 6 de noviembre, el Gobierno de Artur Mas decidió anular el decreto del 25 de septiembre sobre representatividad institucional de las asociaciones empresariales más representativas de Cataluña, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncie sobre el recurso contencioso administrativo presentado por Foment. Sin embargo, la orden de anulación mantenía el reparte de esa representación a partes iguales entre Foment y Pimec, excluyendo de la misma a Fepyme, que es la filial de la patronal histórica y mayoritaria.
Una decisión que desde Foment se interpreta como un "paso más" en la confrontación y "una nueva factura" que Artur Mas y la Generalitat pasan a la patronal por su posicionamiento público contra los postulados independentistas, mientras que desde la consejería que dirige Felipe Puig se justifica alegando que la asignación de cuotas es competencia del Ejecutivo.
