La declaración de independencia aprobada ayer por el Parlament de Cataluña acaparó el debate político a mes y medio de las elecciones generales y desencadenó una oleada de reacciones en toda la oposición política, con un denominador común: el Estado se enfrenta a un desafío que requiere una respuesta inmediata del Ejecutivo para preservar la seguridad jurídica en España y hacen falta medidas más allá del ámbito jurídico. En lo que ya no hay plena coincidencia es en los mecanismos que deben ponerse en marcha para tal fin.
Desde el PSOE, Pedro Sánchez alertó de que, con esta decisión, "el secesionismo ha dejado fuera de la legalidad al Parlament de Cataluña", que pierde legitimidad "al violar, consciente y deliberadamente, la Constitución Española".
Además, el candidato socialista, en una comparecencia sin preguntas inmediatamente después de la del presidente del Gobierno, con el que tratará hoy el tema en Moncloa, remarcó las consecuencias que deberán afrontar los responsables del órdago catalán.
Por todo ello, el PSOE apoya la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento catalán. Pero matizan: la solución para garantizar la unidad territorial pasa por una reforma constitucional que renueve "las reglas de nuestra convivencia colectiva", señaló Sánchez.
El dilema del 155
Desde Ciudadanos, segunda fuerza política en Cataluña, también reclaman una respuesta más allá de los tribunales. Su líder, Albert Rivera, advirtió ayer de que no se puede apretar el "botón rojo" de la suspensión de autonomía, es decir, el artículo 155 de la Constitución, si no hay un acto jurídico que lo exija. No obstante, Rivera calificó de "muy grave" la aprobación de la propuesta independentista y mostró su acuerdo con el recurso que el Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros contra la resolución secesionista del Parlament. En ese sentido, Rivera espera "que la suspensión sea inmediata", por ser antidemocrática y anticonstitucional.
Tampoco gusta la opción de aplicar el artículo 155 en la candidatura a la Moncloa de Unidad Popular, encabezada por Alberto Garzón. Esa opción, señaló Garzón, sería "un error" y "una máquina de crear independentistas". La solución debe ser política, para lo que insistió en su propuesta de abrir una mesa de diálogo con todos los grupos. Además, Garzón estimó que lo ocurrido en el Parlament de Catalunya "malinterpreta los resultados electorales", porque "no hubo una mayoría de votos independentistas".
Desde UPyD, su candidato para las elecciones generales, Andrés Herzog, criticó la tardanza del Ejecutivo en tomar medidas. La votación de ayer, subrayó, "no se debería haber producido jamás". Aunque reprobó la reunión bilateral que mantendrá hoy Rajoy y Sánchez, el Gobierno puede contar con UPyD, señaló.
Otra de las reacciones más comentadas fue la de la alcaldesa de Madrid. Manuela Carmena se posicionó a favor de un referéndum sólo en Cataluña y no en el conjunto de España, ya que es "como si en un divorcio se exigiera que estuvieran los dos de acuerdo". La primera edil de la capital aseguró desear la continuidad de Cataluña en España, pero se posicionó a favor de una consulta similar a la que tuvo lugar en Quebec, Canadá.
Desde el mundo empresarial, el presidente de Freixenet, José Luis Bonet, aseguró que no contempla la independencia de Cataluña. "Tenemos un problema importante que todos juntos tenemos que resolver mediante el dialogo", precisó.
Entidades
Albert Rivera
Presidente de Ciudadanos y diputado nacional
Alberto Garzón
Ministro de Consumo y líder de IU
Sánchez apoya al Gobierno