El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, no considera "fácil ni razonable establecer salarios vía ley o, en el mejor de los casos, por decreto ley". Peña asistía ayer miércoles en Bilbao a la presentación del informe del CES sobre la situación de la I+D+i y su incidencia en la competitividad y el empleo en España.
Preguntado sobre la propuesta de Izquierda Unidad para que se fije un salario máximo en las empresas que, como mucho, sea diez veces mayor que el que menos cobra en esa empresa, Peña ha reconocido que él pertenece a "una cultura en la que los salarios los pactan libremente los empresarios y los trabajadores".
En su opinión, "cuanto más fuerte sean los sindicatos y más fuertes las organizaciones empresariales, mejores serán los pactos y más fuerte será mi país"
Cae la inversión en I+D+I
El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Marcos Peña, aprovechó para pedir un gran pacto nacional a favor del conocimiento y la investigación, ante los datos que muestran un descenso del 60% en cuatro años en el gasto en I+D+I del Estado. Con tono provocador Peña calificó las cifras de "dolientes": el gasto en I+D+I del Estado se ha contraído un 60% entre 2009 y 2013, y el agregado de las Comunidades Autónomas un 30%.
No solo el gasto público ha bajado: la inversión empresarial supone el 53% del gasto total en I+D+I, diez puntos por debajo de la media europea. En conjunto, España dedicó en 2013 a I+D+I un 1,24% de su PIB, frente al 1,35% de 2009, y frente a una media comunitaria del 2,02%.
El objetivo del plan nacional vigente es alcanzar el 2% del PIB en 2020, cuando la meta marcada por Bruselas para Europa en esa fecha es del 3. "Hay la mitad de las empresas innovadoras -16.000 en 2013 frente a 30.000 en 2009-, hay menos investigadores y los que quedan son más viejos", lamentaba Peña.
Inversión por comunidades
Las comunidades que dedican un porcentaje de gasto público mayor a I+D+I son País Vasco y Navarra, dos de las regiones con sistema de innovación muy desarrollado, pero también La Rioja, Andalucía, Castilla León y Extremadura, con sistemas menos avanzados, "han mostrado una especial voluntad de sus gobiernos de sustentar el desarrollo económico en el conocimiento".
Peña explicó que la batería de medidas que propone el CES es larga, pero lo que importa es que "nos convenzamos de que el conocimiento para nuestro país es vital. Esto tiene que estar puesto en primer lugar de la política. No solo es un tema de dinero, que también es necesario".
Entre las propuestas están desarrollar la agencia estatal de investigación, elaborar el estatuto del personal investigador y de la joven empresa innovadora, potenciar la cooperación entre universidades, parques tecnológicos y empresas, o mejorar la regulación de patentes para dotarlas de seguridad jurídica e industrial.
También propone medidas como simplificar la aplicación de los incentivos fiscales a las empresas, potenciar la innovación en las compras públicas o desarrollar el capital riesgo como fórmula de financiación empresarial.