Poco le ha durado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la "moderada satisfacción" que mostró tras reunirse, el lunes, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo central contra el decreto ley autonómico por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la comunidad, lo que suspende, de manera cautelar, su aplicación, hasta que el TC adopte una resolución definitiva. En este sentido, la ley establece que el TC "deberá ratificar la suspensión o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
El Consejo de Ministros aprobó, el 23 de octubre, presentar el recurso contra el decreto ley autonómico, aprobado en septiembre, que incluye en la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Alegó que incurre en "extralimitación competencial", porque regula una materia "que corresponde exclusivamente al Estado: establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad". La universalidad de la sanidad fue revisada por el decreto 16/2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de recorte del gasto público. También es competencia del Gobierno central su financiación.
La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, afirmó que la Generalitat Valenciana "acatará la decisión del Tribunal Constitucional", si bien garantizó que "ninguna persona va a quedarse desatendida en la Comunitat Valenciana".
País Vasco y Navarra
Según la Conselleria de Sanidad, desde la entrada en vigor del decreto ley autonómico alrededor de 5.400 personas han accedido a una asistencia sanitaria integral.
Montón es optimista respecto a la resolución del recurso, puesto que hay dos precedentes, en Navarra y el País Vasco. En estos casos, y ante normativas similares a la valenciana, el Gobierno central también presentó recurso ante el Constitucional, que lo admitió a trámite y suspendió su aplicación, para, finalmente, levantar esa suspensión y "reconocer el derecho de toda persona a recibir una atención sanitaria integral", detalló.
En todos los casos, las normas se sustentaban, asimismo, en el impacto positivo de la mejor atención individual para "la salud pública". La Comunidad de Madrid, bajo gobierno del PP, también está dando los pasos para retornar a la sanidad universal.
Carmen Montón destacó el consenso en torno al decreto ley valenciano, avalado por la Abogacía General de la Generalitat y validado en las Cortes autonómicas, con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios y sin votos en contra.