Los enfermeros españoles se sienten burlados por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y amenazaron ayer con "bloquear la Sanidad si se publica el Real Decreto de prescripción enfermera" que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros. Lo que iba a ser un "paso histórico" para la profesión, según afirmaba el ministro, va camino de convertirse en su mayor patinazo político hasta la fecha.
La norma, que regula la "indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos" con y sin receta por parte de este colectivo tras aprobarse la ley hace ya seis años, introdujo el jueves pasado un cambio de última hora que, a juicio de los enfermeros, desvirtúa el texto acordado por las consejerías autonómicas de Sanidad y con la conformidad del Consejo de Estado.
Este cambio en el articulado impone, en el caso de los fármacos que requieren receta, la necesidad de que el médico determine antes "el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir". En la práctica, esto supone que los enfermeros no podrán indicar, usar y autorizar fármacos salvo que cuenten con una receta individual del médico, según la interpretación de los profesionales.
De la alegalidad a la ilegalidad
Precisamente son las nuevas condiciones establecidas por ley las que el Consejo General de Enfermería y Satse, el sindicato mayoritario de la profesión, van a pedir que cumplan los 270.000 enfermeros que trabajan en la Sanidad pública y privada cuando entre en vigor el Real Decreto en lo que han llamado "huelga competencial". De seguir administrando vacunas o usando cremas o apósitos para curar heridas o quemaduras como hasta ahora, los colegios de enfermería advierten que los profesionales incurrirán en un delito de intrusismo profesional tipificado por el Código Penal, al pasar de la situación actual de "alegalidad" a una de "ilegalidad", precisaron.
El Consejo General y Satse entregarán con este objetivo un manual a todos los profesionales "con las más de 1.500 acciones de prescripción que no podrán hacer a partir de la publicación del Real Decreto", e informarán a los pacientes del motivo de sus actuaciones.
Pero los enfermeros se plantean ir más allá, según informaron ayer en una rueda de prensa donde el presidente del CGE, Máximo González Jurado, cargó con dureza contra el ministro, al que tachó de "cobarde, embustero y traidor" por la "felonía" que, en su opinión, ha cometido modificando un texto en el que Sanidad ha trabajado durante toda la legislatura y avanzó la posibilidad de presentar una querella criminal contra Alonso por prevaricación en la tramitación de la norma.
Los enfermeros quieren hacer una demostración de fuerza y movilizar a un colectivo de más de 325.000 personas (contando a los estudiantes) de cara a las elecciones generales por una decisión del Gobierno que tendrá "consecuencias políticas" ya que "mueven mínimo un millón de votos", advirtieron.
El colectivo ya ha iniciado reuniones con los principales partidos y también con los Gobiernos regionales para informar de la situación creada que puede colapsar el funcionamiento de la Sanidad en el inicio de la campaña de vacunación de la gripe.
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