La industria de armamento y los diferentes sindicatos se han unido para exigir nuevas herramientas de financiación al Ejecutivo para el desarrollo de programas de Defensa. Bajo el denominador común de que los actuales Programas Especiales de Armamento, denominados los PEAs, se pueden encadenar con otros nuevos, insisten en la necesidad de impulsar el sector de la defensa y la seguridad en el país.
El ministerio que actualmente dirige Pedro Morenés arrastra desde 1997 el pago de los programas de armamento, actualmente valorados, según el partido político UPyD, entre los 30.000 millones y 37.000 millones de euros. El coste total se desconoce porque Defensa no aporta los datos.
Los 19 programas están compuestos por varios aviones de combate EF-2000, carros Leopardo, submarinos S-80, fragatas o blindados Pizarro. El Gobierno de Rajoy refinanció el pago de los mismos alargando el compromiso hasta 2030, lo que supone que el Ejecutivo pagará una media de entre 1.300 millones y 2.000 millones de euros anuales durante quince años por los programas de armamento.
La industria, aún así, insiste en la necesidad de dar "un impulso" para generar riqueza, desarrollar la alta tecnología y generar empleo.
Plan de actuación
CCOO de Industria, MCA-UGT y la Asociación Española de Tecnologías de Defensa (Tedae) han elaborado lo que ellos consideran unas líneas de actuación para dar un empuje al sector del armamento. Insisten en la necesidad de desarrollar una política de Estado sobre las inversiones de Defensa, que trascienda más allá de una legislatura y de concretar una herramienta de financiación de los grandes programas que consolide los compromisos interministeriales.
Piden un Plan Estratégico de Internalización de la Industria para buscar demanda en países emergentes, así como una política específica para el desarrollo de I+D. Sindicatos y empresas destacan la importancia de concentrar el sector, como en países vecinos, para facilitar una consolidación entre las compañías, además de estabilizar el nivel de empleo y reforzar la formación profesional.
"Actualmente no existe ninguna política de la industria de la defensa en España", espetó ayer el secretario federal responsable de Defensa de MCA-UGT, José Ignacio San Miguel, durante la presentación de las propuestas. Junto a Adolfo Menéndez, presidente de Tedae, y Máximo Blanco, secretario de Estrategias Industriales de CCOO de Industria, ninguno atisbó una cifra del coste de las actuaciones, aunque destacaron la importancia del sector, que supone el 1% del PIB.
"Es casi imposible calcular los beneficios de esta actividad por las amenazas que se pueden prevenir. El sector de la Defensa diseña los desarrollos tecnológicos más importante que luego van a la sociedad civil", destacó Máximo Blanco.
Por su parte, el presidente de Tedae, Adolfo Menéndez, pidió al Ejecutivo "claridad y celeridad" y la necesidad de realizar un "esquema previsible de financiación", insistiendo en que la proyección en el tiempo es fundamental para la industria. Respecto a la inversión adecuada que debería realizar la Administración pública para impulsar el sector, Menéndez respondió: "Todo lo que se pueda".