Economía/Fiscal.- Los inspectores piden un Estatuto orgánico para la Agencia Tributaria

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han vuelto a reclamar a Hacienda un Estatuto orgánico para la Agencia Tributaria, algo que prometió el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el mes de diciembre de 2013.

En el XXV Congreso de los inspectores, el colectivo ha recordado que se llega al final de la legislatura, "prolija en medidas de reforma tributaria y lucha contra el fraude", sin que la principal medida en materia de organización de la Administración Tributaria vea la luz.

"Esta situación no tiene parangón en la Administración española, pues los principales Organismos y Entes Públicos tienen un desarrollo orgánico y estatutario a nivel legal o reglamentario", denuncian.

A su parecer, el Estatuto permitiría a la Agencia dotarse de unos medios financieros "suficientes" para subsanar las actuales deficiencias, por lo que se recaudaría más, se recuperaría de deuda y luchar más contra el fraude fiscal.

El estatuto, según los inspectores, daría lugar a una planificación estratégica en el medio y largo plazo de los medios y recursos, para poder realizar las inversiones materiales y las ofertas de empleo necesarias para un necesario cambio organizativo, especialmente en sus sistemas de control.

Además, permitiría planificar también en un horizonte más largo los planes de control, sin sujeción estricta a exigencias de cifras de recaudación, sin dejar de lado objetivos de lucha contra el fraude y recaudación intermedios, pero con vistas a una mayor eficiencia en sus cometidos a largo plazo.

De la misma forma, aportaría mayor flexibilidad para acometer planes parciales, sectoriales o especiales fuera de los planes anuales de control, cuando las circunstancias así lo exijan, al tiempo que eliminaría cualquier sombra de duda sobre la independencia y neutralidad de la Agencia.

Asimismo, permitiría configurar un Ente preparado para cualquier cambio en la normativa fiscal, en los procedimientos o en la propia estructura del Estado, que pueda afrontar la prestación de servicios tributarios y las tareas de lucha contra el fraude eficazmente en cualquier estructura territorial y en cualquier coyuntura económica.

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