En 2013 se registraron inversiones públicas en Cataluña y en el Ayuntamiento de Zaragoza por diversos contratos de colaboración público-privada que habían sido firmados en años anteriores. Pero Hacienda no tuvo conocimiento de su existencia hasta hace bien poco. Y así se lo comunicó a Bruselas el pasado 29 de septiembre, cuando envió a la Comisión Europea los datos definitivos del ejercicio 2013 y los provisionales de 2014.
De acuerdo con el criterio empleado en ocasiones anteriores, estos gastos se imputaron al ejercicio 2013, año en el que no se habían cerrado los datos definitivos de contabilidad nacional, con independencia de los ejercicios en los que efectivamente se produjeron.
No obstante, más tarde las autoridades estadísticas españolas y Eurostat concluyeron que resultaba "más idóneo" imputar estos gastos al ejercicio 2015, ya que no ha sido hasta este año cuando las Administraciones Públicas responsables han revelado su existencia.
Eso significa que Hacienda tendrá que imputar 1.500 millones extra al déficit de 2015 por estos contratos, lo que complica un poco más cumplir con el déficit del 4,2% pactado con Bruselas. En otras palabras, la imputación de estos gastos a 2015 podría elevar una décima y media el objetivo de déficit pactado con Bruselas. No obstante, el departamento que dirige Cristóbal Montoro sigue confiando en alcanzar esa meta.
La cuestión es que estos contratos salen a la luz días después de todo el embrollo provocado por el discurso de la Comisión Europea sobre el probable incumplimiento de los objetivos por parte del Gobierno español y su solicitud de un nuevo presupuesto al futuro Ejecutivo que salga de las urnas.
El origen de los contratos
Según el comunicado remitido por Hacienda, en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña el aumento del gasto en 2013 era de 1.318 millones de euros, derivado de inversiones en carreteras y centros penitenciarios, mientras que el incremento del gasto en el Ayuntamiento de Zaragoza se debía a la construcción del tranvía y tenían un importe de 200 millones de euros.
Esto hace que la necesidad de financiación y la deuda de las Administraciones Públicas del año 2013 sea 1.518 millones inferior a la publicada el pasado mes de septiembre y que, en cambio, esa cantidad se impute al ejercicio del año 2015.
Se abre una investigación
Por otra parte, y ante la existencia de contratos suscritos en ejercicios anteriores que no pudieron considerarse en las cuentas de las administraciones públicas de dichos años, al no haberse comunicado a las autoridades estadísticas hasta el presente año 2015, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, pondrá en marcha en los próximos días actuaciones directamente encaminadas a la verificación y contraste de la información suministrada por estas administraciones, abriendo los correspondientes procedimientos de investigación.
Fuentes de Hacienda indicaron a Servimedia que se pondrá en marcha una "auditoría para investigar posibles actuaciones similares en otras comunidades y ayuntamientos".
